Por: Gerardo Gutiérrez Candiani
En el sexenio pasado, el Ejecutivo Federal culpó a los predecesores de todos los problemas del país. No solo de los que efectivamente arrastrábamos, que tampoco resolvió y en muchos casos empeoró: también de los surgidos en su periodo, algunos de su autoría directa.
En cambio, se atribuyó en exclusiva todo resultado positivo –real o aparente–, sin reconocer los fundamentos heredados, como con los aumentos al salario mínimo y unas finanzas públicas robustas, las cuales, sin embargo, terminaron seriamente precarizadas.
La salud fiscal con que inició esa administración, en 2018, le dio resiliencia ante shocks y solvencia para sus “obras emblemáticas” y la política de asistencialismo. Al final, además de la perspectiva de subsidio permanente a esas obras y compromisos sociales al alza sin un modelo de financiamiento sostenible, entregó la hacienda pública con un déficit no visto desde los años 80.
Para el actual gobierno sí está plenamente justificado señalar esa responsabilidad del antecesor y las limitaciones traspasadas, comenzando por las presupuestales. No obstante, aunque la rendición de cuentas es importante, lo apremiante es corregir y, en algunos casos, romper con las políticas y las actitudes que dejaron al país en un campo minado y cargando una losa que impide maniobrar para hallar la salida.
La economía está estancada en gran medida por lo que se hizo o dejó de hacer en el sexenio pasado, el cual también legó el caldo de cultivo de tensiones inéditas con Estados Unidos, así como serios retrocesos en salud, educación, desarrollo institucional y estado democrático de derecho. Hoy vemos una actuación más responsable contra la inseguridad y el crimen, pero con el hándicap de la inacción precedente, simbolizada por el lema “abrazos, no balazos”.
Por eso es urgente que la conducción nacional ponga al interés del país por delante de la política de partido. No puede haber resultados diferentes con las mismas recetas.
Como se expone implícitamente en los reportes de las calificadoras de crédito, el déficit acumulado en la pasada administración federal, cerrando el 2024 en un 5.7% del PIB, no solo compromete la solvencia financiera de la actual: también la estabilidad macroeconómica del país como la hemos conocido desde la última crisis sexenal, en 1994.
El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia de la deuda, escaló a 51.4% del PIB, más de 8 puntos porcentuales del tamaño de la economía en tan solo un periodo de gobierno, y justo en el que prometía “austeridad republicana”.
Con una clara inclinación político-electoral, el déficit se disparó en el último año, y a partir de tres principales presiones de gasto simultáneas.
- La conclusión de los megaproyectos, cuyos costos se duplicaron –o más–, como el Tren Maya y la Refinería Olmeca.
- El presupuesto creciente para los programas de transferencias directas, como la pensión para adultos mayores, sin bases de fondeo.
- El “rescate” de Pemex inyectando recursos a lo que produce más pérdidas, como la refinación, en vez de la necesaria reestructuración: de 2019 al último informe, los apoyos del erario sumaron 1.8 billones de pesos; ya ha recibido más de lo que rinde en impuestos y derechos, mientras su deuda sigue valiendo cerca de un 4.2% del PIB.
La resaca era de esperar. El déficit obligó al nuevo gobierno a usar las tijeras para evitar más rebajas al crédito soberano, lo cual demandaría más recursos para pago de intereses y potenciales recortes en salud, seguridad o educación. De por sí, en el sexenio pasado, el costo del servicio de la deuda pasó de niveles de 1.8% del PIB a unos de hasta 3.7 por ciento.
El esfuerzo de consolidación fiscal de la Secretaría de Hacienda ha tenido cierto éxito, pero parcial y de alto costo estructural, con un severo desplome en la inversión pública. Al cierre de 2025 redujo el déficit en 1.4 puntos del PIB, pero es difícil apretar más el cinturón. Más complicado resulta recuperar el equilibrio si no aumentan los ingresos y persisten fugas como el barril sin fondo de Pemex.
El esfuerzo ha contenido la hemorragia presupuestal de corto plazo, que prendía focos amarillos en los mercados, pero no basta para el mediano plazo ni mucho menos para cerrar la herida.
Sin una reforma hacendaria integral, el alcance de la consolidación es limitado. Más urgente y factible es dar la vuelta a las políticas y las actitudes del sexenio anterior que golpearon la certidumbre para la inversión, así como retomar reformas estructurales que impulsen el crecimiento y el desarrollo de las empresas.
La limitación estructural está en el estancamiento económico, producto también, en gran medida, del sexenio pasado, por su bloqueo a la inversión en energía y otros sectores, como la minería; el socavamiento de instituciones regulatorias y del Poder Judicial, con su efecto en la certidumbre jurídica; y políticas como las laborales, que han ayudado al salario mínimo, pero extremando los costos para que las Mipymes operen en la formalidad.
Si en el sexenio de Enrique Peña Nieto se generaron 4.16 millones de empleos formales, en el pasado solo se crearon poco más de 2 millones y 2025 cerró con 279 mil, el peor dato, excluyendo el año de la pandemia, desde el 2009 de la recesión global. Con ello, el consumo también tiende al estancamiento, y “del brazo”, los ingresos tributarios. Dado que los gastos no cejan, se sacrifica la inversión pública, que cayó en más de 28% el año pasado, retroalimentando el círculo de debilitamiento.
De 1994 al 2018, “la era neoliberal”, el crecimiento anual promedio en México fue 2.5%, con todo y la recesión de -6.3% en 1995. En el sexenio en que se prometió hasta 6%, quedó en 0.8%, sin que ayude el pretexto de la recesión de -8.6% en 2020, considerando que pudo ser mucho menor, como en Estados Unidos (–2.1%) o Brasil (-3.2%).
En nuestra historia, tras sexenios marcados por crisis, retrocesos y tensiones, nuevos gobiernos han corregido o roto con “herencias” y compromisos que dañan o limitan al país y a su gestión. Así fue en 1976, por la polarización precedente; en 1982, luego de la nacionalización bancaria y con la crisis de la deuda encima; mucho antes, el cardenismo rompió con el Maximato.
Hoy también es preciso dar esa vuelta de timón sexenal.
