Las movilizaciones magisteriales han vuelto a colocar sobre la mesa un debate que Oaxaca y México arrastran desde hace décadas: el equilibrio entre el derecho a la protesta y el derecho de terceros a desarrollar su vida cotidiana sin afectaciones. Nadie puede negar que las demandas de los trabajadores de la educación merecen ser escuchadas y atendidas por las autoridades; sin embargo, tampoco puede ignorarse el impacto que generan semanas de bloqueos, plantones y suspensión de clases sobre miles de estudiantes, comerciantes, trabajadores y familias enteras.
La realidad es que cada día sin actividad escolar amplía el rezago educativo en una entidad que ya enfrenta importantes desafíos en materia de aprendizaje. Al mismo tiempo, los cierres de calles y carreteras golpean la economía local, afectan al turismo y generan incertidumbre en un estado que busca consolidar proyectos de desarrollo e inversión. La solución no pasa por descalificar a quienes protestan ni por minimizar las molestias que enfrentan los ciudadanos. Lo que Oaxaca necesita es una voluntad real de diálogo, donde gobierno y magisterio comprendan que el costo de prolongar el conflicto termina siendo pagado por la sociedad en su conjunto. Porque cuando las diferencias se vuelven permanentes, los más afectados suelen ser quienes menos responsabilidad tienen en el conflicto: los niños, las familias y el futuro del estado.
