Lo que inició como un viaje de placer por la región del Istmo de Tehuantepec terminó en una pesadilla para una familia originaria del puerto de Veracruz.
Johana Guadalupe, madre de familia afectada, denunció públicamente haber sido víctima de abuso de autoridad, amenazas e irregularidades por parte de elementos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía de Juchitán.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril, en el centro de Juchitán de Zaragoza. Tras salir de una casa de empeño, la familia fue interceptada por elementos de la Policía Estatal, quienes procedieron a realizar una revisión exhaustiva de su camioneta.
“Nos empezaron a revisar como si fuéramos delincuentes. Bajaron todas nuestras cosas y, aunque yo misma les ofrecí abrir las maletas para demostrar que no traíamos nada ilícito, actuaron con prepotencia”, relató Ana Guadalupe.
La situación escaló cuando la pareja fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía, donde según la denunciante, durante el interrogatorio, fue amedrentada con la amenaza de perder la custodia de su hijo menor de edad para ser enviado al DIF. Asimismo, señaló que su esposo fue ingresado a los separos durante la madrugada sin que se les explicara claramente el delito imputado.
La afectada también denunció una actitud persecutoria por parte de un trabajador de la Fiscalía, quien tras acompañarla al hotel donde se hospedaba, la cuestionó insistentemente sobre su número de habitación, lo que la hizo sentirse insegura.
A pesar de que el padre de la denunciante viajó desde Veracruz para presentar la documentación original que acredita la propiedad legal del vehículo y sus pertenencias, el Ministerio Público, identificado por los afectados como Giovanni García, se ha negado a realizar la devolución de los bienes.
“Ya está acreditado todo, pero nos dicen que hay que esperar. No tenemos recursos, mi esposo no puede trabajar aquí y los gastos de hotel y comida nos están consumiendo. Solo queremos recuperar nuestras cosas para regresar a la casa”, manifestó con desesperación.
Ante la falta de avances, la familia hizo un llamado urgente al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, para que intervenga en el caso y se investigue el actuar de los servidores públicos involucrados.
Se informó que los afectados ya preparan una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por la presunta violación a sus garantías individuales. Al cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no había emitido una postura oficial respecto a estos señalamientos.
