Por Gerardo Gutiérrez Candiani / Colaborador
En este sexenio se nota un cambio en la respuesta desde el Gobierno Federal a la fractura de la seguridad pública y la ola de delincuencia y violencia que ha inundado al país desde hace años. Al menos hay una postura de enfrentar el problema, en contraste con la administración pasada, proclive a evadirlo e incluso de antagonizar a las víctimas.
Sin embargo, el desafío sigue siendo cuesta arriba y el impacto humano es inmenso, como lo expone el informe sobre México que acaba de publicar el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. No solo habla de una crisis continua, sino también de “indicios fundados” de probables crímenes de lesa humanidad, en la forma de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes partes del país.
Aclara que, aunque no existen pruebas de una política estatal para cometer desapariciones y toma nota de la posición de nuestro gobierno de que son perpetradas por grupos delictivos, en algunas de las denuncias existe información que apunta “a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”.
El Comité concluye que no hay muestras de una mejora en la situación, “las autoridades siguen desbordadas” y urgen reformas estructurales de prevención y rendición de cuentas. Y con esa base solicita remitir el caso a la Asamblea General de la ONU a fin de que considere medidas de apoyo al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.
Nuestro gobierno debería asumir una postura proactiva al respecto en vez de rechazar el informe, descalificar al Comité e indignarse como si la alerta fuese un golpe de índole política, cuando es de sentido común ante la magnitud de lo que ocurre.
Se nos ofrece una vía para acceder a cooperación técnica, asistencia especializada y aun apoyo financiero, por ejemplo, para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación de casos y posibles vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
Por lo pronto, el Gobierno Federal ha señalado que el informe es “tendencioso y falto de rigor jurídico”, y resulta aún más lamentable la reacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incongruente con su razón de ser, al repudiar las conclusiones y acusar de sesgo y falta de independencia al Comité de la ONU, a sus integrantes y, de paso, a ONGs como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Lo que uno se pregunta de inmediato es cuál sería la opinión de quienes hoy controlan la CNDH, institución con una autonomía ya desgastada, si estuviesen en la oposición.
Este es un reto de nación, no solo del gobierno en turno. La instancia de la ONU observa y hace señalamientos sobre un Estado nacional, al margen del partido en el poder. No se puede tapar el sol con un dedo, y además, negar o minimizar los problemas suele agrandarlos y complicarlos más. Así ha sido en México y en todo el mundo.
ONGs y especialistas en derechos humanos llaman a aceptar la ayuda. ¿Por qué no? Se trata, en el fondo, del acceso a la verdad y la justicia que buscan miles de familias de desaparecidos. Desde Naciones Unidas simplemente se pide lo mismo que ellas.
Más que poner en el banquillo de los acusados al Estado mexicano, propone medidas tan sensatas como apremiantes: el caso de un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad, así como la asistencia y protección a familias, organizaciones, madres y parientes que buscan a los desaparecidos. Una postura defensiva, aparte de innecesaria, distrae de la necesidad de atender problemáticas tan concretas como resolver el rezago en la identificación de cuerpos.
El problema es enorme. El informe cita el hallazgo de 4 mil 500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 72 mil restos humanos no identificados.
La cifra de personas desaparecidas supera las 130 mil, según organizaciones como Amnistía Internacional, que ha puesto de relieve el reto con este y otros datos apabullantes: una de cada mil personas en nuestro país está desaparecida; en cambio, hay apenas unas 4 mil carpetas de investigación relacionadas. La carga de búsqueda ha recaído en las familias, especialmente mujeres que enfrentan amenazas e incluso han sido asesinadas o desaparecidas.
El respetado activista de derechos humanos Michael Chamberlin ha señalado que México enfrenta una crisis estructural, con un promedio de 40 desaparecidos por día.
No hubo un parteaguas hacia la mejora desde 2018, como afirma el gobierno. Según el propio informe de la ONU, hay casi 29 mil personas desaparecidas reportadas entre enero de 2023 y abril de 2025.
El Comité no afirma que exista una política deliberada de desapariciones como en una “guerra sucia”, pero sí signos de patrones sistemáticos, como el reclutamiento forzado de jóvenes por el crimen organizado. En el combate a ello hay que ocupar más energías, no en pelearse con quienes desde fuera ven con preocupación la situación y quieren ayudar.
En efecto, cada vez que el Estado mexicano rechaza la asistencia internacional ante una situación así, debilita su credibilidad.
Como señaló el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, deberíamos ver el ofrecimiento de apoyo como una oportunidad histórica ante un reto que realmente debe tocar el corazón de todos.
No podemos estar como si nada ante esta tragedia, como no debemos seguir normalizando la impunidad con la que se cometen estos y otros delitos.
El estudio que México Evalúa recién presentó como “Radiografía de la Impunidad: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México” expone las dimensiones de una de las causas-raíz fundamentales de la crisis: el 93% de los delitos no se denuncia y aunque casi 94% de las denuncias deriva en una carpeta de investigación, menos del 7% de los casos acumulados llega al ejercicio de la acción penal.
La impunidad es como un cáncer en México, carcomiendo el tejido social. Al propiciar la reproducción de un drama como el de las desapariciones, destruye decenas de miles de familias. ¿Hasta cuándo?
