Por: Gerardo Gutiérrez Candiani
El Senado aprobó la reforma electoral del Gobierno Federal en su versión diluida –“Plan B”– con una única modificación: el cambio en la consulta de revocación de mandato presidencial. Era el elemento más polémico y riesgoso, pues podría convertir lo que debe ser un referéndum de carácter extraordinario, partiendo de una exigencia ciudadana por pérdida de confianza, en uno de refrendo, promovido desde el mismo poder.
Ahora, el dictamen pasa a la Cámara de Diputados para su revisión. Si se avala ahí, deberá luego ser aprobado por al menos 17 congresos locales, dado que incluye enmiendas a la Constitución. No debería haber problemas para el avance de esta reforma promovida por el gobierno en aras de la austeridad, aunque no en la administración pública federal.
La reforma programa una disminución gradual del presupuesto del Senado en los siguientes cuatro años, hasta llegar a 15% respecto de lo aprobado para 2026; los funcionarios y juzgadores electorales no podrán ganar más que el titular del Ejecutivo Federal; limita a los ayuntamientos a tener una sola sindicatura y un máximo de 15 regidurías; el presupuesto anual de los congresos estatales no podrá exceder el 0.7% del presupuesto de egresos del estado.
Si bien la reforma es de poco alcance, sigue conteniendo elementos regresivos, sobre todo de índole antifederalista, al imponer medidas uniformizantes en cuestiones que deberían ser decididas autónomamente en cada municipio y estado, conforme a los principios del pacto federal. En cambio, no se tocan los desafíos más acuciantes de nuestra democracia, como la intervención creciente de la delincuencia organizada.
En realidad, nuestra democracia sigue en retroceso y acosada, con un deterioro que ha sido señalado por ejercicios académicos internacionales como el Proyecto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, base de datos e índice para medir la democracia.
Una muestra es el hostigamiento a organizaciones no gubernamentales dedicadas a revisar y evaluar políticas públicas y al ejercicio de gobierno.
Llama la atención que el oficialismo impulse una reforma para generar ahorros y eliminar privilegios, mientras afecta a instituciones independientes que trabajan en pro de la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto público, detectando y denunciando irregularidades y abusos.
Decenas de asociaciones civiles podrían ser privadas del derecho a recibir donativos deducibles de impuestos, ya que el Servicio de Administración Tributaria les revocó la autorización como donatarias autorizadas. Entre ellas destacan importantes ONGs con perfil crítico, como México Evalúa, Mexicanos Primero, Visión 2030 y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las cuales se suman a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que fue golpeada en ese sentido el año pasado.
Mexicanos contra la Corrupción no sólo ha publicado reportajes sobre presunta corrupción: también ha promovido amparos contra los proyectos faraónicos del sexenio pasado. En los nuevos casos, el aviso de cancelación de su estatus fiscal para 2026 se deriva de consideraciones técnicas que lucen inverosímiles.
Mexicanos Primero presentó varios amparos contra las reformas educativas regresivas del gobierno anterior. México Evalúa ha realizado varios estudios sobre la impunidad y el manejo de la justicia en México, además de sobre las finanzas públicas. El IMCO es un centro de estudios de referencia en materia de desarrollo económico, competitividad y productividad.
Como se ha señalado con tino, la decisión del SAT contrasta con la autorización, ipso facto, de la donataria “Humanidad con América Latina”, promovida por el anterior mandatario federal, para enviar ayuda humanitaria a Cuba.
La rama mexicana de Amnistía Internacional (AI) ha levantado la voz contra esta situación, poniendo de relieve la justa medida de la afectación a estas ONGs: “no es un trámite menor: es un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente”. Significa menos recursos para esfuerzos de defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de género, protección de territorios indígenas, acompañamiento y documentación de abusos, y exigencia de justicia.
Además, AI está mostrando que esto no es un hecho aislado: en toda América Latina crece una tendencia de “leyes anti-ONG” que puede tener efectos corrosivos, pues limitar el trabajo de estas organizaciones implica debilitar a toda la sociedad.
En México, en efecto, las organizaciones civiles ya enfrentan cargas excesivas, como informes duplicados, requisitos reiterativos y controles previos del uso de fondos, todo lo cual desemboca en menos tiempo para trabajar por la sociedad y más para lidiar con la burocracia.
Como apunta AI, hay que echar “ojo al doble estándar”: a ONGs se les exige todo, incluyendo lo imposible, como un trámite en una ventanilla que ya no opera; en cambio, muchas instituciones públicas siguen sin transparentar el uso de los recursos públicos. En suma: más control a quien vigila, menos a quien gasta. La pregunta que hace es muy oportuna ante el contexto nacional de regresión en la democracia: ¿queremos un país donde nadie evalúe al poder?
Porque, desde luego, cuando las ONG que hacen estas tareas se debilitan, la corrupción y los abusos pueden crecer. Su llamado es sensato: “Un México más seguro y democrático necesita más sociedad civil, no menos”.
Por lo pronto, esta problemática es consistente con lo que esboza el diagnóstico de V-Dem de nuestro régimen político, el cual sería desde hace dos años “una autocracia electoral”, más que una democracia en forma, según los parámetros de este instituto sueco que revisa más de 600 indicadores para 179 países. En el ranking quedamos en el lugar 110. Difícilmente algo como el “Plan B” puede ayudar para revertir el deterioro.
En el reporte recién publicado, que señala un “giro autocrático” desde 2018, se incluye a México entre las referencias de presiones contra la libertad de prensa y las organizaciones de la sociedad civil.
Ante este retroceso, es muy oportuno el señalamiento de Amnistía Internacional: la sociedad civil no es el problema; es parte de la solución.
