Por Redacción NOTICIAS
La Secretaría de Gobernación exhortó a las autoridades estatales a evitar posturas que criminalicen las protestas previstas para el Día Internacional de la Mujer y a privilegiar mecanismos de diálogo antes que respuestas coercitivas. En un posicionamiento público, la dependencia hizo un llamado para que las actuaciones oficiales se ajusten a los protocolos vigentes y respeten los derechos humanos de las personas manifestantes.
El comunicado subrayó que la protesta social constituye una expresión legítima dentro de la democracia y un medio para visibilizar demandas colectivas. Por ello, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad para quienes ejerzan su derecho a la manifestación, sin recurrir a prácticas de estigmatización ni restricciones indebidas.
Asimismo, se destacó que el diálogo debe ser el eje para gestionar posibles tensiones durante las movilizaciones del 8 de marzo. La administración federal reiteró su compromiso con la libertad de expresión y con el respeto a las movilizaciones pacíficas, considerando que la construcción de acuerdos es la vía más efectiva para evitar confrontaciones.
El documento recordó que durante la gestión de la entonces jefa de gobierno capitalina, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, se sistematizaron experiencias para atender la protesta social mediante protocolos de actuación. Estas herramientas fueron posteriormente adaptadas a nivel federal con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y promover intervenciones basadas en criterios humanistas.
Como parte de estas acciones, se implementó el Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica, un marco que busca orientar la actuación de las autoridades en situaciones de movilización social. Entre sus principios se encuentran el establecimiento de canales de diálogo, la creación de puntos de evacuación para emergencias y la designación de enlaces para el seguimiento de la cobertura periodística, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad.
El enfoque central del protocolo es evitar la confrontación y priorizar soluciones negociadas. Si bien reconoce que cada manifestación presenta particularidades según el contexto local, se plantea como una herramienta adaptable que puede ajustarse a las realidades de cada entidad, siempre con el objetivo de proteger derechos fundamentales.
En su decálogo de principios, el gobierno federal reafirmó que la libertad de expresión y el derecho a la protesta son pilares democráticos. También enfatizó que la administración pública debe abstenerse de discriminar o criminalizar la disidencia, garantizando la protección de las personas manifestantes y de terceros.
El posicionamiento concluyó reiterando la importancia de respetar la labor de periodistas durante las movilizaciones y de promover acciones preventivas que minimicen riesgos de confrontación. La intención, señalaron las autoridades, es consolidar un modelo de gestión de la protesta basado en la prevención y el diálogo, en lugar del uso de la fuerza.
