Por Gerardo Gutiérrez Candiani / Colaborador
Una de las promesas centrales del grupo político que ascendió al poder en México en 2018 fue, literalmente, barrer a la corrupción como se limpian las escaleras: de arriba a abajo. Nada indica que así haya ocurrido. La última edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), recién presentada por Transparencia Internacional (TI), apunta a lo opuesto.
Un esclarecedor artículo sobre dicho reporte escrito por investigadores de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicado en Nexos, muestra por qué es una referencia mundial en la materia, al recopilar hasta 13 evaluaciones independientes y encuestar a expertos y líderes empresariales. En seguida, pone de relieve por qué México es “claro ejemplo” de una tendencia mundial preocupante: más países que retroceden que los que avanzan.
Los resultados del país en el índice corroboran lo que cualquier ciudadano puede entrever ante la cantidad de escándalos que se destapan día con día y que quedan en la impunidad.
Acertadamente, en la campaña electoral que la llevó al poder, la “cuarta transformación” hablaba de la corrupción como uno de los principales lastres para México. Al poco tiempo de estar en el poder ya decretaba que la había erradicado, al menos del Gobierno Federal. Como en automático, por el simple cambio de partido y de personas al mando. A estas alturas ha quedado al desnudo la desmesura de la afirmación.
La corrupción no sólo sigue siendo el gran lastre y agente corrosivo en la política, la economía y la sociedad: puede estar empeorando.
En 2025, México retrocedió un lugar en el IPC respecto al año anterior. Se ubicó en el sitio 141 de 182 países, con un puntaje de 27 de 100 puntos, viniendo de uno de 26 en 2024, y ante un promedio global de 42. Van dos años con las peores evaluaciones desde 2013. Respecto a Latinoamérica, solo estamos arriba de Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.
En 2018, cuando inició el gobierno de la promesa de transformación radical en el régimen político mexicano, el puntaje fue de 28 puntos y en años siguientes llegó a 32. No fue un hito, pues la referencia era 35, en 2014. Sobre todo, la leve mejoría fue efímera y, más bien, ilusoria, por cómo se festinaba una transformación que, en este frente, solo se presentó en el terreno declarativo.
Asimismo, se constata que no basta con una alternancia partidista para resolver un problema tan arraigado y complejo. En los hechos, más allá de los discursos, no fue una prioridad.
Para expertos en la materia, la corrupción, máxime en niveles como los que se dan en México, es producto, en gran medida, de deficiencias y vacíos institucionales, más que de qué personas o grupos estén en el gobierno.
Previo a la transición de 2018, precisamente se avanzaba para corregir factores estructurales que subyacen a la alta incidencia de corrupción y a la impunidad con que se reproduce. Ese era el sentido del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual, lamentablemente, quedó en el olvido, solo a cambio de retórica.
México sigue necesitando una verdadera cruzada contra la corrupción y la impunidad, pero esa cruzada es de cambio sistémico en las instituciones, más que de personas.
Consideremos que la evaluación de TI contempla vertientes de la corrupción como sobornos, malversación de fondos, nepotismo, burocracia excesiva, captura del Estado por intereses privados, falta de acceso a la información pública e incapacidad gubernamental de prevención. Ahora relacionemos ello con escándalos como los que se han destapado en las últimas semanas.
Señalamientos graves contra funcionarios del más alto rango en el sexenio pasado. El caso de cobro de piso y extorsión generalizada en Tequila, Jalisco, con presuntos nexos entre autoridades locales y el crimen organizado. Las revelaciones del ex encargado de asuntos jurídicos del Ejecutivo Federal.
Más aún: el reporte del IPC 2025 expone, explícitamente, que la corrupción ha permitido que el crimen organizado se infiltre en la política en países como Colombia, Brasil y México. Se menciona, al respecto, el caso del huachicol fiscal, cuyo costo se ha estimado en más de 600 mil millones de pesos. En la cobertura del reporte se destaca que apenas en siete de cada 100 casos de corrupción administrativa en el país se imponen sanciones.
Igualmente, resulta oportuno el exhorto a luchar contra la corrupción con un Poder Judicial fuerte e independiente y con mayor transparencia en la contratación pública. Áreas en que hemos ido hacia atrás, sobre todo, con una reforma judicial que compromete la división de poderes y con más opacidad en compras gubernamentales por el incremento en las asignaciones directas.
Un artículo que acaba de publicar José Roldán Xopa, profesor del CIDE y especialista en el combate a la corrupción, da en el blanco sobre la falta de resultados contra la corrupción a pesar de las promesas y declaraciones vehementes: ausencia de políticas que de verdad cambien las causas de fondo.
A pesar de la bandera anticorrupción, no hubo cambios institucionales relevantes, ni se impulsó al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Al contrario, se le debilitó. Incluso fue menospreciado, sin presentar propuestas alternativas.
Como refiere Roldán Xopa, el SNA iba por el buen camino, pero se topó con uno de los principales motores de reproducción de la corrupción: la resistencia del poder a ser limitado.
El académico recuerda lo que afirma Robert Klitgaard, a quien presenta como uno de los más reconocidos especialistas en su combate: la corrupción crece cuando confluyen diversos elementos, como concentración del poder, más discrecionalidad y menos transparencia, todo lo cual da lugar a menos vigilancia y ausencia de rendición de cuentas. Rasgos definitorios del sexenio pasado.
Efectivamente, si se quiere ir en serio en la lucha anticorrupción, hay que ir en serio en dos ejes: acotamiento y controles a la discrecionalidad. Hacer de México un país de instituciones sólidas, más que de narrativas electorales populares.
