La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la sentencia que el Primer Tribunal Colegiado Federal emitió en agosto de 2025 y dejó en libertad al exdirector jurídico de Asunción Nochixtlán, Jhoan Ricardo M. M., revocando la condena de 50 años de prisión que cumplía al ser acusado del delito de desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
Durante la resolución, la Corte fijó estándares obligatorios que los jueces deberán aplicar en casos de crímenes contra defensoras de derechos humanos.
Por unanimidad de ocho votos, el Pleno avaló el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, a favor de la familia de Uruchurtu, que impugnó la liberación del exfuncionario, señalado por la Fiscalía de Oaxaca —junto con la entonces alcaldesa Lizbeth V. H. y tres personas más— como responsable de la desaparición de la activista, ocurrida el 27 de marzo de 2021, y que sigue sin ser localizada.
La liberación
En mayo de 2021, Jhoan Ricardo M. M., quien era consejero jurídico en Asunción Nochixtlán, fue detenido junto con la entonces presidenta municipal, Lizbeth V. H., como presuntos responsables de la desaparición forzada de la defensora Claudia Uruchurtu Cruz.
La Fiscalía General del Estado presentó pruebas en contra de Jhoan Ricardo, quien fue condenado el 3 de mayo de 2023 a la pena de 40 años de prisión.
Pero tras la apelación ante el Tribunal de Justicia, la pena fue aumentada a 50 años, tras la confirmación de la sentencia el 29 de mayo de 2023 por parte de la Segunda Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
Sin embargo, tramitó un amparo, por lo cual el 21 de agosto de 2025 fue liberado, luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, considerara que no existían pruebas de su responsabilidad. Dicho tribunal estuvo integrado por los magistrados Víctor Hugo Cortés Sibaja y Elizabeth Franco Cervantes.
La Segunda Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, integrada por las magistradas Sofía Altamirano Rueda, Erika María Rodríguez Rodríguez y el juez Armando Lustre Núñez, acató la resolución federal y dejó en libertad a Jhoan Ricardo.
Revocan sentencia
La familia de Claudia Uruchurtu recurrió al amparo directo 5887/2025, en cuya revisión la SCJN determinó que el tribunal colegiado debió juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad, por lo que anuló la sentencia que dictaba la libertad de Jhoan Ricardo.
“Es lo adecuado porque aquí no hay duda: fueron agentes del Estado (los responsables de la desaparición de Claudia), o al menos así está planteada la acusación”, explicó el ponente Arístides.
La decisión de la Corte fue unánime, con el respaldo de las y los ministros: Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Guerrero.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra no intervino en la discusión ni en la resolución, al indicar que cuando fue titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos tuvo bajo su cargo la investigación por la desaparición forzada de Uruchurtu, y que su criterio no sería imparcial.
Edil liberada, cómplices presos
La última resolución fue del 13 de diciembre de 2024, cuando al resolver las apelaciones interpuestas por los imputados, la Sala de Justicia Indígena y la Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmó la sentencia de Juan Antonio H. M., de 60 años de prisión.
A los imputados Nelci J. V. J. y Rolando A. B., les impuso la pena de 45 años de prisión, aumentando cinco años respecto a la condena inicial de 40 años.
Sin embargo, a la ex presidenta municipal e integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lizbeth V. H. se le redujo la pena a 3 años y 2 meses de prisión, y se ordenó su liberación inmediata.
En 2023, la jueza María Teresa Quevedo resolvió cambiar la clasificación del delito de desaparición forzada a obstrucción de la justicia; por esa razón, la sentencia se redujo a 4 años y 2 meses, y el 13 de diciembre de 2024 quedó en libertad.
Actualmente, se le investiga por el presunto desvío de recursos por más de 80 millones de pesos, pero el caso aún permanece impune.
