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Infraestructura, educación y desarrollo: millones invertidos y pendientes visibles

Funcionarios públicos durante una comparecencia oficial donde se discuten las inversiones y pendientes en materia de infraestructura, educación y desarrollo regional.
Foto(s): Mario Jiménez Leyva
Alexandra Zolorio

En el Congreso de Oaxaca, las cifras volvieron a ocupar el centro del escenario. En medio de un ambiente formal, de discursos medidos y reconocimientos cruzados, tres áreas clave del gobierno estatal —infraestructura educativa, obras públicas y desarrollo económico— presentaron su balance del 2025. En el papel, los números son contundentes; en el territorio, el reto sigue siendo que cada peso invertido se traduzca en resultados visibles y duraderos.

La comparecencia del director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocied), Emmanuel Alejandro López Jarquín, dejó una de las cifras más claras: 384 obras ejecutadas con una inversión superior a 546.7 millones de pesos, además de 321 acciones de equipamiento por 160.7 millones, para un total de 707.4 millones de pesos destinados a escuelas. No es menor. En un estado donde miles de aulas todavía cargan con techos frágiles, sanitarios incompletos y carencias básicas, el gasto en infraestructura educativa representa una señal de atención a una deuda histórica.

Sin embargo, el Congreso también dejó claro que el avance no basta si no viene acompañado de vigilancia estricta. Legisladoras como María Francisca Antonio Santiago y Jimena Yamil Arroyo Juárez pusieron sobre la mesa un tema incómodo, pero necesario: la transparencia y la calidad de las obras. Porque una escuela con pintura nueva no siempre significa una escuela segura, y una entrega de mobiliario no necesariamente resuelve la falta de servicios como agua potable o energía eléctrica, sobre todo en comunidades alejadas.

La historia se repitió en la comparecencia del titular de Infraestructuras y Comunicaciones, Carlos Vichido Hernández, quien presentó un dato monumental: más de 5 mil 300 millones de pesos aplicados en 8 mil 698 obras durante 2025. Caminos, agua, vivienda, educación, servicios básicos: una lista que, en teoría, toca las necesidades más urgentes de Oaxaca. Desde el Congreso se reconocieron avances como la actualización del Programa de Ordenamiento Urbano, después de más de cuatro décadas, un paso que parecía imposible y que por fin se movió.

Pero ahí también surgió el contraste inevitable: la magnitud del presupuesto no elimina las quejas de comunidades que siguen esperando obras mínimas. Diputadas como María Eulalia Velasco Ramírez lo dijeron sin rodeos: aún existen reclamos legítimos de municipios que no han sido atendidos. Y ese es el punto crítico: el problema no siempre es la ausencia de inversión, sino la desigualdad en su distribución y el ritmo con el que llega a donde más se necesita.

En el plano económico, el titular de la Sedeco, Raúl Ruiz Robles, apostó por un discurso de crecimiento con enfoque social, respaldado por cifras ambiciosas. Reportó que se fortalecieron más de 8 mil 300 unidades económicas, se beneficiaron más de 10 mil mujeres, se profesionalizaron cerca de 4 mil empresas en más de 200 municipios y se generó una derrama superior a 100 millones de pesos. Además, se proyecta una inversión de más de 370 mil millones de pesos para el periodo 2022-2028, con un impacto estimado de un millón de empleos.

Es un planteamiento atractivo. Oaxaca necesita empleo, inversión y oportunidades reales para frenar la migración y la economía informal. Pero también es aquí donde el optimismo debe caminar con cautela: el reto no es anunciar proyecciones, sino comprobar que esas inversiones se concretan, que los empleos son formales y dignos, y que no se quedan solo en zonas estratégicas mientras otras regiones continúan atrapadas en el rezago.

La Glosa del Informe dejó un mensaje claro: hay avances, sí, y también un esfuerzo presupuestal visible. Lo positivo es que el gobierno presume números que reflejan movimiento, obras y acciones. Lo preocupante es que Oaxaca, por su tamaño y desigualdad histórica, siempre exige más que cifras: exige resultados palpables, obras bien hechas, transparencia sin excusas y una distribución equitativa que no dependa solo de giras o prioridades políticas.

Porque al final, el juicio no se dicta en el Congreso. Se dicta en las aulas que siguen sin techos dignos, en los caminos que se destruyen con las lluvias, en las comunidades que todavía cargan agua a diario, y en los pequeños negocios que sobreviven sin crédito ni respaldo real. Las cifras impresionan; el territorio, en cambio, siempre termina diciendo la verdad.

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