Ante el asesinato de un menor de edad en San Miguel Panixtlahuaca, el Centro Calpulli demandó a las autoridades de procuración de justicia una investigación inmediata y transparente con perspectiva de derechos de niñeces y adolescencias, sobre todo, porque su pertenencia a la comunidad indígena chatina se convierte en una agravante más en este crimen.
En un pronunciamiento, el organismo afirmó que el artículo 11 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Oaxaca dispone que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como todas las personas, trabajadores de los servicios y centros de salud, escuelas y centros educativos, que funjan como autoridad administrativa en instancias públicas y privadas, serán responsables de velar que niñas, niños y adolescentes cuenten con un entorno seguro, no sufran maltrato, castigo corporal, castigo humillante, daño, agresión, abuso o explotación en cualquiera de sus formas, violencia o cualquier circunstancia.
Explicó que según reportes de medios de comunicación, la tarde del domingo 18 de este mes de enero, cerca de la cancha de futbol del Barrio de Guadalupe, en San Miguel Panixtlahuaca, elementos de la Policía Municipal mataron a un niño de 10 años.
Detalló que la víctima junto con un grupo de niños, después de estar jugando en la cancha, se asustó y se alejó corriendo cuando llegó la Policía Municipal.
Precisó que los elementos de la Policía Municipal los persiguieron y activaron sus armas de fuego en contra de los niños.
Mencionó que un día después, fue encontrado el cadáver del niño a las orillas de río, en inmediaciones del barrio Cristo Rey.
Ante esto, subrayó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), de acuerdo a investigaciones previas, detuvo a siete agentes de la corporación por estar involucrados en el caso.
De esta manera, resaltó que resulta inaceptable que los espacios públicos de convivencia se conviertan en zonas de riesgo para las niñeces y adolescencias, porque se debe garantizar el acceso al derecho fundamental de la niñez a vivir una vida libre de violencias.
Ante ello, exigió castigo a los responsables, que no se criminalice a las niñeces y adolescencias, y que en todos los casos se pondere el interés superior del niño, así como atención sicológica al grupo de niños que se encontraban en la cancha y reparación integral del daño a los familiares del menor de edad asesinado.
