En Oaxaca persisten conflictos comunitarios relacionados con la afinidad religiosa, algunos de ellos con antecedentes de desplazamientos forzados internos que se han prolongado por más de una década. Uno de los casos más recientes se registró en la agencia municipal de Malacatepec, perteneciente al municipio de San Juan Mazatlán, donde la asamblea comunitaria determinó sancionar a una persona por profesar una religión distinta a la católica y negarse a aceptar el cargo tradicional de mayordomo de las festividades locales.
La sanción consistió en un encarcelamiento de 72 horas, bajo el argumento de que el apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Posteriormente, la persona afectada fue liberada, aunque el caso sigue siendo objeto de atención por las posibles violaciones a derechos humanos, particularmente al derecho a la libertad de culto religioso.
Este tipo de situaciones evidencian la complejidad de conciliar los sistemas normativos internos con los derechos constitucionales, especialmente cuando entran en conflicto con libertades fundamentales como la de creencias religiosas. La libertad de credo está reconocida en la Constitución y protege el derecho de toda persona a practicar, cambiar o no profesar religión alguna, sin que ello sea motivo de sanción o discriminación.
El caso fue dado a conocer públicamente el viernes 16 de enero por el defensor de la libertad religiosa en Oaxaca, Eliseo Porfirio Flores Zúñiga, quien denunció la detención del pastor evangélico Mariano Velázquez Martínez, ocurrida el jueves 15 de enero en la comunidad de Santiago Malacatepec, municipio de San Juan Mazatlán, en la región Mixe. De acuerdo con el activista, la detención estaría relacionada con la imposición de un cargo tradicional de carácter religioso que contraviene el derecho constitucional a la libertad de creencias.
Flores Zúñiga explicó que el conflicto se originó cuando la comunidad designó al pastor como mayordomo el año pasado. Aunque este cargo está vinculado a prácticas de la Iglesia católica, el líder religioso decidió aceptarlo inicialmente para evitar confrontaciones, bajo el entendido de que únicamente implicaría una aportación económica y no la participación en rituales religiosos.
Sin embargo, posteriormente la autoridad comunitaria habría modificado las condiciones. “Le exigieron no solo cubrir los gastos, sino también encender veladoras, arrodillarse y realizar rezos frente a la imagen de Santiago Apóstol. Él se negó porque eso va en contra de su fe”, señaló el defensor.
De acuerdo con la información proporcionada, al momento de su liberación el pastor denunció que fue obligado a firmar un documento en blanco, el cual se teme pueda ser utilizado para simular una “salida voluntaria” de la comunidad y así evadir responsabilidades legales, cuando en realidad se trataría de una expulsión forzada. Este señalamiento añade un elemento de preocupación sobre posibles irregularidades y vulneraciones adicionales a sus derechos.
