Por Redacción NOTICIAS
En el país, alrededor del 25 por ciento de las viviendas —más de siete millones— carecen de documentos que acrediten legalmente su propiedad, una situación que representa uno de los principales desafíos en materia de ordenamiento territorial y protección del patrimonio familiar.
De acuerdo con un análisis elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Estado de México es la entidad con el mayor número de inmuebles en esta condición, al concentrar un millón 96 mil 709 lotes sin escrituras, lo que equivale a casi un tercio de las viviendas en su territorio.
En la lista le siguen Veracruz, con 537 mil 853 viviendas irregulares; Chiapas, con 505 mil 772; la Ciudad de México, donde 294 mil 660 hogares —16.5 por ciento del total— no cuentan con certeza jurídica, y Jalisco, con 227 mil 586 casos. En conjunto, estas cinco entidades reúnen 45 por ciento del total nacional de viviendas propias sin documentación legal.
Con el objetivo de atender esta problemática, las reglas de operación del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH) para el ejercicio fiscal 2026, publicadas el pasado 30 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, establecen apoyos para personas que habitan en asentamientos irregulares. Para acceder al beneficio, los solicitantes deberán comprobar la propiedad del terreno y asegurarse de que éste no se ubique en Áreas Naturales Protegidas ni en zonas de conservación ambiental a nivel federal, estatal o municipal.
El apoyo económico máximo que otorgará la Sedatu será de 13 mil 500 pesos por lote con uso habitacional, recursos que deberán destinarse a cubrir los costos técnicos, legales y administrativos necesarios para el proceso de regularización. La entrega se realizará mediante un acuerdo de liberación del subsidio directamente a los beneficiarios.
Presupuesto limitado
Para este año, el PRAH cuenta con una bolsa presupuestal de 87 millones 559 mil pesos, con la que se pretende beneficiar a 6 mil 162 familias en todo el país que actualmente no tienen certeza jurídica sobre su vivienda. No obstante, la dependencia aclara que el alcance del programa dependerá de la disponibilidad efectiva de los recursos.
Según cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del Inegi, en México existen 38 millones 356 mil 42 viviendas, de las cuales 26 millones 795 mil 776 son propias, lo que representa casi 70 por ciento del total. Sin embargo, 7 millones 13 mil 991 de estas casas no cuentan con escrituras, es decir, poco más de una cuarta parte.
El diagnóstico de la Sedatu detalla que 70 por ciento de las viviendas propias sin documentos legales están encabezadas por hombres, lo que equivale a cerca de 4 millones 974 mil 880 casos, mientras que 2 millones 39 mil 111 corresponden a hogares liderados por mujeres.
Esta disparidad, advierte la dependencia, refleja las limitaciones que enfrentan las mujeres para acceder y mantener bienes patrimoniales, una situación que se agrava al considerar que 33 por ciento pertenece a algún grupo étnico, 11 por ciento no sabe leer ni escribir y 15 por ciento vive con alguna discapacidad.
Finalmente, el informe destaca que aunque la tenencia irregular es más común en zonas urbanas, más de un tercio de las personas afectadas reside en comunidades rurales, donde los procesos de regularización resultan más complejos debido a la dispersión geográfica, la falta de infraestructura y las limitaciones institucionales en la gestión del suelo.
