Por Redacción NOTICIAS
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició investigaciones para esclarecer una posible exposición de datos personales pertenecientes a distintas instituciones públicas, luego de detectar información difundida en espacios digitales y como resultado del monitoreo constante que realiza sobre incidentes de seguridad informática.
A través de un comunicado emitido este miércoles, la dependencia federal informó que se abrieron procedimientos de oficio con el propósito de determinar cómo se originó el incidente, evaluar si existieron deficiencias en los sistemas de protección de datos y establecer, en su caso, las responsabilidades administrativas correspondientes.
La autoridad señaló que, aunque en foros de la llamada deep web se ha señalado que la información pudo haber sido obtenida mediante un ataque cibernético, las investigaciones contemplan diversas líneas de análisis. Entre ellas se encuentran el posible uso indebido de claves de acceso, fallas en los controles internos o incluso una eventual filtración desde el interior de las instituciones.
La Secretaría destacó que las indagatorias se encuentran en desarrollo y se realizan bajo criterios estrictos de confidencialidad y reserva, con el fin de no afectar el curso de las investigaciones ni comprometer los elementos de prueba.
Asimismo, indicó que las dependencias involucradas —cuyos nombres no fueron revelados— deberán colaborar con las investigaciones y, de ser necesario, presentar las denuncias correspondientes ante las instancias judiciales competentes.
Como resultado de los procedimientos, podrían emitirse observaciones y recomendaciones técnicas orientadas a corregir vulnerabilidades detectadas y reforzar los mecanismos de seguridad, particularmente en lo relacionado con el control de accesos y la supervisión del personal que maneja información sensible.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que, de confirmarse alguna falta administrativa, se dará vista a los órganos internos de control. En caso de que se identifiquen posibles conductas delictivas por parte de servidores públicos, se notificará a la Fiscalía General de la República conforme a la legislación vigente.
Finalmente, la dependencia reafirmó su compromiso con la protección de los datos personales y con el resguardo adecuado de la información que se encuentra en poder de las instituciones del Estado.
