Por Redacción NOTICIAS
Una pareja de la región Mixteca denunció ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) haber sido registrada como casada sin haber celebrado ceremonia alguna ni haber expresado su consentimiento, en hechos que señalan presuntas irregularidades y abuso de autoridad en la Oficialía del Registro Civil de Tlaxiaco.
De acuerdo con la queja, los afectados iniciaron el trámite de matrimonio civil semanas antes y recibieron una fecha para llevar a cabo la ceremonia. Sin embargo, por circunstancias personales imprevistas, no pudieron acudir el día señalado ni avisar con anticipación. Horas después, una de las personas acudió a la oficialía con la intención de cancelar el procedimiento, pero —según su testimonio— se le negó esa posibilidad y se le indicó que el matrimonio debía realizarse de manera obligatoria.
La situación se agravó días después, cuando personal del Registro Civil se comunicó con la pareja para exigir el pago de un supuesto adeudo, argumentando que una trabajadora había cubierto el costo del trámite con recursos propios. Pese a que no se presentó recibo ni comprobante alguno, el pago fue solicitado de manera insistente.
Posteriormente, la pareja fue informada de que el matrimonio ya había sido registrado oficialmente, a pesar de que nunca hubo ceremonia, firmas de los contrayentes ni manifestación expresa de voluntad. Ante esta situación, acudieron nuevamente a la oficialía para solicitar la anulación del acta, pero la petición fue rechazada bajo el argumento de que el registro ya había sido ingresado al sistema nacional.
Los denunciantes aseguran que incluso se les sugirió iniciar un proceso de divorcio como “solución”, pese a que —afirman— nunca existió un matrimonio válido. Como respaldo, entregaron a la Defensoría una copia del acta presuntamente irregular y un video de una conversación con personal de la dependencia.
En su queja, señalaron directamente al oficial del Registro Civil en Tlaxiaco, a quien acusan de vulnerar derechos fundamentales como la legalidad, la igualdad y el libre consentimiento, además de incurrir en posibles actos de abuso de autoridad.
La DDHPO analiza el caso para determinar si existen violaciones a derechos humanos y posibles responsabilidades administrativas, mientras la pareja exige la nulidad del acta y una investigación a fondo sobre las prácticas en la oficialía.
El caso ha generado preocupación por el manejo de trámites civiles y el respeto a principios básicos del derecho familiar, como el consentimiento libre y expreso para contraer matrimonio.
