El alcoholímetro instalado en San Jacinto Amilpas —donde se registró un hecho fatal— no contaba con dicha aprobación, ni cumplía con los protocolos de seguridad ni con la coordinación con el Mando Metropolitano, afirmó el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, al aclarar que estos operativos no están prohibidos, pero sí deben cumplir criterios estrictos de autorización y supervisión. Explicó que la instalación de alcoholímetros debe contar con el aval de la Comisión Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), así como con la participación de la Policía Vial y el gabinete de seguridad, a fin de evitar escenarios de violencia.
El funcionario detalló que, de acuerdo con la información preliminar, en dicho alcoholímetro se presentó una situación compleja y posteriormente arribaron sujetos a bordo de una motocicleta, quienes agredieron a una persona. La Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Añadió que solicitó al director de la Policía Vial entablar comunicación con el presidente municipal de San Jacinto Amilpas, Alejandro Díaz Díaz, para dialogar sobre este caso específico, debido a que el operativo no cumplía con las medidas establecidas por Coepra ni mantenía coordinación con el Mando Metropolitano.
El pronunciamiento se da tras el asesinato de Nelson H., director jurídico del municipio de San Jacinto Amilpas, quien la noche del viernes 12 de septiembre fue atacado a balazos mientras encabezaba un operativo de alcoholímetro en la zona de Riberas del Atoyac. De acuerdo con datos de la policía local, dos hombres a bordo de una motocicleta arribaron al lugar del filtro y dispararon directamente en su contra, provocando su muerte.
Romero López subrayó que existen municipios con alcoholímetros debidamente autorizados y con supervisión permanente, como Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Amilpas, donde participan la Policía Vial Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Mesa de Seguridad. Incluso, señaló que en los operativos estatales acude la Secretaría de Honestidad y Función Pública para vigilar el actuar de los servidores públicos. Reconoció que en muchos casos son ciudadanos en estado de ebriedad quienes agreden a los cuerpos de seguridad, aunque aseguró que siempre se actúa con respeto.
Sin embargo, cabe recordar que aun en alcoholímetros autorizados se han registrado hechos de violencia. Un caso emblemático fue el asesinato de Diego, ocurrido en agosto de 2024 durante un operativo en Santa Lucía del Camino. El joven de 22 años fue perseguido, baleado por la espalda y presuntamente brutalmente golpeado por policías municipales, pese a que las investigaciones confirmaron que no estaba armado ni había consumido alcohol. Aunque el caso generó una fuerte indignación social, no fue sino hasta octubre de 2025 cuando la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca determinó que se trató de una ejecución extrajudicial, evidenciando un patrón de violencia estatal e impunidad.
