Para cobrar una indemnización de 93 millones de pesos por la construcción del aeropuerto internacional Benito Juárez de Oaxaca en sus tierras, las autoridades agrarias comunales y ejidales de San Agustín de las Juntas inscribieron actas en el Registro Agrario Nacional (RAN) con firmas de comuneros muertos y de algunos radicados en los Estados Unidos.
Según denuncia de algunos comuneros, que pidieron no ser identificados por temor a represalias, en el 2016 se generó una serie de conflictos entre grupos de la comunidad al enterarse del monto de la compensación, por la intención de querer administrar los recursos financieros, valiéndose de la ignorancia de los ejidatarios y comuneros
De esta manera, los integrantes de los comisariados de Bienes Comunales y Ejidales fueron destituidos por esos grupos en mayo de ese año, a pesar de haber logrado que el gobierno federal reconociera sus derechos.
La remoción fue hecha con la complicidad del sector agrario porque fueron inscritas las dos actas de asamblea, con fecha 28 y 29 de mayo, donde se incluían las firmas de personas muertas.
Entre estas, del señor Estanislao Saturnino Aquino y Elpidia Antonio Aquino, quienes fallecieron el 17 de agosto del 2014 y el 3 de enero del 2016, así como a dos habitantes radicados en los Estados Unidos desde hace más de 20 años, Régulo Pastor Méndez López y Nonato Gutiérrez Cruz o a quienes no son ejidatarios, como Antonio Gutiérrez López.
Aparte de esto, en las actas aparecieron los nombres y firmas de personas que no acuden a las asambleas por enfermedad o por desinterés.
Conforme a la denuncia, el sector agrario ha permitido que no se cumplan diferentes requisitos para la liberación de los recursos financieros, porque antes de hacer la entrega de los cheques respectivos debió cerciorarse de la inexistencia de conflictos legales en el interior del ejido o la comunidad, pues por la destitución de las anteriores autoridades agrarias se iniciaron los juicios agrarios de número 778/2017 y 779/2017, donde se pide la nulidad de las actas de asamblea de remoción.
Independientemente de esto, los ejidatarios y comuneros han sido condicionados para que puedan recibir lo que por derecho les corresponde por ser parte del ejido y la comunidad favorecida, por lo que existe el reclamo que el actual comisariado ejidal y comunal está llenándose los bolsillos a costa de los campesinos aprovechándose de su autoridad.
Además, las actuales autoridades agrarias desconocieron diversos compromisos y obligaciones contraídos por los servicios profesionales de un despacho jurídico que se encargó de lograr el pago de la indemnización de 93 millones de pesos.
