- La propuesta pretende ciudades justas, inclusivas, seguras y sostenibles
Diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución local, a fin de garantizar el derecho a la ciudad, de todas y todos los oaxaqueños.
De acuerdo a la iniciativa, el derecho a la ciudadanía es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.
El reconocimiento de este derecho implica responsabilidades en todos los ámbitos de gobierno y ciudadanos para ejercer, reclamar, defender y promover la gobernanza equitativa y la función social de todos los asentamientos humanos dentro de un hábitat de derechos humanos.
Por ello propusieron una adición al artículo 12 constitucional, que establezca: El derecho a la ciudad es el derecho de todas las personas, presentes y futuras, para usar, ocupar, producir y disfrutar una ciudad justa, democrática, inclusiva, sustentable, habitable y disfrutable, considerada como un bien común esencial para una vida plena.
El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos; la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad; su gestión democrática; la inclusión social y productiva de sus habitantes; el manejo sustentable y responsable de los bienes ambientales y de los recursos económicos; la distribución equitativa y el disfrute de los bienes públicos; el fortalecimiento del tejido social y de la convivencia; el respeto a la composición pluricultural de la ciudad y a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Las legisladoras subrayaron que de acuerdo a datos de ONUHABITAT, el derecho a la ciudad, implica 8 componentes o principios fundamentales, dentro de los que se encuentran: una ciudad/asentamiento humano libre de discriminación por motivos de género, edad, estado de salud, ingresos, nacionalidad, origen étnico, condición migratoria u orientación política, religiosa o sexual.
Así como que adopte todas las medidas necesarias para combatir la discriminación en contra de las mujeres y de las niñas en todas sus formas; una ciudad/asentamiento humano de ciudadanía inclusiva en el que todos los habitantes (permanentes o temporales) sean considerados ciudadanos y se les trate con igualdad, como es el caso de, las mujeres, las personas que viven en la pobreza o en situaciones de riesgo ambiental, los trabajadores de la economía informal, los grupos étnicos y religiosos, las personas LGBT, las personas con discapacidad, los niños, los jóvenes, los ancianos, los migrantes, los refugiados, los habitantes de la calle, las víctimas de la violencia y los pueblos indígenas; entre otras.
