Un grupo de organizaciones estatales, nacionales e internacionales demandó al Estado mexicano la libertad inmediata del indígena zapoteco y defensor del bosque Pablo López Alavez, originario de San Isidro Aloápam, región Sierra Norte.
En un pronunciamiento, dio a conocer que el indígena zapoteco fue detenido el 15 de agosto de 2010 de manera arbitraria y torturado por personas armadas sin orden de aprehensión y desde entonces, permanece privado de su libertad, en violación de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo.
Sostuvo que el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca emitió una nueva sentencia el 6 de marzo pasado, donde volvió a condenar a López Alavez a 30 años de prisión por homicidio calificado, después de quedar sin efecto una condena similar por inconsistencias procesales.
Expuso que esta sentencia ignora las graves inconsistencias y contradicciones en las pruebas presentadas, porque fue dictada el mismo día de la audiencia final, sin considerar los alegatos de la defensa ni las pruebas de descargo.
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Explicó que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió la opinión 23/2017 donde evidencia de la privación arbitraria del indígena zapoteco y motivada por su legítima labor de la defensa ambiental.
Además, detalló que un grupo de relatores especiales de las Naciones Unidas emitió la comunicación conjunta UA MEX 14/2020 para demandar su liberación y la adopción de medidas de reparación integral, pero a la fecha sigue sin cumplirse.
Independientemente de esto, subrayó que la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares en favor de su esposa Yolanda Pérez Cruz y sus hijos ante las amenazas constantes debido a su lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos.
De esta manera, exigió al Estado mexicano cumplir sus obligaciones internacionales para que cesen las graves y sistemáticas violaciones a los derechos de López Alavez y se revoque, la sentencia del 6 de marzo pasado, ante la falta de debida valoración probatoria, así como garantizar medidas de protección efectivas para su familia.
