Raúl P.B, empresario restaurantero de Oaxaca, fue detenido por la Fiscalía del Estado imputado por el delito de violencia familiar y violencia de pareja.
Familiares y amistades de la sobreviviente demandaron justicia y no impunidad, pues señalaron que el detenido ha hecho alarde de tener influencias.
El Código Penal Local establece una penalidad de 3 a 9 años de prisión a quien incurra en este delito.
De enero a junio de 2025 la fiscalía de Oaxaca abrió 2 mil 35 carpetas de investigación por violencia familiar, en promedio 11 diarias, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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Un comunicado emitido por la fiscalía, detalla que la víctima, pareja sentimental de Raúl P.B, fue objeto de violencia en al menos seis ocasiones, tanto en Tlalixtac de Cabrera como en Oaxaca de Juárez.
Información de personas allegadas a la víctima denunciaron que Raúl P.B cometió violencia física y psicológica que pusieron en riesgo su vida.
El actuar violento del ahora detenido se manifestó en jaloneos, golpes, insultos, revisión del celular y la destrucción de éste.
La agresividad contra su pareja incluso provocó lesiones visibles que sirvieron de prueba para iniciar el proceso penal en su contra.
Raúl P.B, indicaron, ha hecho alarde de tener poder económico por las relaciones que tiene su familia propietaria de “La Palapa” lo que le permitiría evadir la justicia y generar mayor violencia contra la denunciante.
La fiscalía indicó a través de un comunicado que al tener conocimiento de los hechos, inició las investigaciones correspondientes a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, la cual, después de realizar las primeras indagatorias logró obtener y ejecutar la orden de aprehensión correspondiente.
En la información oficial, se destacó que labores de inteligencia que realiza la Fiscalía de Oaxaca hicieron posible la localización de R.A.P.B., quien una vez ubicado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para que se determine su situación jurídica.
