El Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer) exigió una investigación al desempeño de la jueza Elizabeth Contreras Hernández, señalada por dejar en libertad a Carlos N., imputado por el delito de violencia familiar.
Angélica Ayala Ortiz, integrante de la organización feminista, advirtió que decisiones judiciales como esta han terminado en feminicidios en otras entidades del país. Y lamentó que, aunque hay paridad formal en los poderes públicos, incluida la judicatura, esto no se traduce en acceso a la justicia para las mujeres.
“El hecho de tener un cuerpo de mujer no garantiza sensibilidad ni compromiso con la igualdad. Esta jueza, al parecer, ya había actuado de forma cuestionable en un caso de violación. ¿Qué garantías tienen las mujeres cuando quienes juzgan no aplican perspectiva de género?”, cuestionó.
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Recordó que la violencia feminicida casi siempre es precedida por otras formas de agresión y negligencia institucional. Una jueza que deja en libertad a un presunto agresor contribuye a mantener el ciclo de violencia. ¿Qué sigue después? Muchas veces, el feminicidio, alertó.
La activista señaló que, pese a la implementación de múltiples cursos de capacitación, no hay un seguimiento real sobre cómo se traducen en sentencias. “Hace falta evaluación constante del desempeño de jueces y juezas. No se trata solo de formar, sino de vigilar cómo están actuando. Esta situación, aún en la llamada primavera oaxaqueña, sigue sin cambiar”.
En este sentido demandó una revisión integral del actuar judicial, no sólo en este caso, sino como parte de un balance estructural sobre cómo se están resolviendo los casos de violencia de género en Oaxaca.
“Queremos que esta denuncia abra la puerta a una evaluación profunda. Lo que está en juego es la vida y seguridad de mujeres, niñas y niños”, finalizó.
Recientemente también fue denunciado el actuar del juez Alfredo Silva Juárez quien favoreció a un deudor alimentario, frenando una orden de aprehensión en su contra. Con ello obstaculizó el cumplimiento del pago de pensión a su hijo, quien ha vivido una década sin recibir el sustento legalmente establecido.
