El modelo de compensación económica promovido por el Estado y las grandes empresas frente a casos de apropiación cultural no repara el daño causado a los pueblos indígenas, pues reduce a una lógica capitalista saberes que son colectivos, ancestrales y no lucrativos, así lo advirtió Aldo González Rojas, integrante de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO).
“Los saberes de los pueblos indígenas no se crearon para venderse al mejor postor. La lógica de patentar o pagar regalías rompe con la forma comunitaria de vida y organización. No se trata solo de dar dinero, sino de permitir que las comunidades reproduzcan libremente su cultura”, expresó.
El activista se refirió a recientes casos de apropiación cultural, como el uso de diseños indígenas por parte de la marca Adidas o de diseñadores que toman elementos tradicionales sin consentimiento ni reconocimiento.
Consideró que estas acciones no son solo preocupantes por sí mismas, sino también por las respuestas institucionales que se enfocan únicamente en compensaciones monetarias.
“Lo que nos están diciendo es que si una empresa paga, entonces puede hacer uso del conocimiento ancestral, cuando en realidad esos saberes no pertenecen a una sola persona o comunidad, sino a una colectividad extensa. Hay maíces, plantas medicinales, diseños textiles que están presentes en varias comunidades de México y Centroamérica. ¿A quién se le paga entonces?”, cuestionó.
Uno de los ejemplos más graves, señaló González Rojas, fue el caso del maíz olotón, una variedad nativa con propiedades agrícolas excepcionales. Una empresa transnacional realizó una transacción con una sola comunidad para apropiarse del grano, sin consultar al resto de los pueblos que también lo resguardan y cultivan.
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“El maíz olotón podría reducir emisiones globales, pero en lugar de proteger su libre reproducción, lo convirtieron en propiedad exclusiva de una empresa. El gobierno lo permitió, incluso orientó cómo hacerlo. Eso es despojo”, denunció.
Para el activista, la figura de “distribución justa y equitativa de beneficios”, promovida en tratados internacionales, ha sido vacía de sentido: “En México, ya ni siquiera se usa el término ‘justa y equitativa’. Solo se habla de beneficios, y esos beneficios se limitan al dinero, sin considerar el impacto social, cultural o comunitario”.
González Rojas explicó que la lógica de la propiedad intelectual, diseñada desde el capitalismo, es incompatible con los saberes indígenas. Mientras las patentes buscan restringir el uso de un conocimiento a un propietario, en las comunidades indígenas el conocimiento se comparte y se transmite para garantizar la continuidad de la vida y la cultura.
“No se trata de que las comunidades no necesiten recursos. Claro que los necesitan. Pero no se trata de compensarlas por haber sido despojadas. Lo que se necesita es que el Estado garantice que puedan seguir reproduciendo su cultura, su lengua, sus conocimientos, sin que se los quiten, sin que se los vendan”, afirmó.
Además, criticó que el tema solo reciba atención institucional cuando hay escándalos mediáticos, como en el caso de Adidas. “Cuando denunciamos el despojo del maíz nativo, nadie dijo nada. Ahora que se trata de un diseño visible, salen a declararse protectores de los pueblos indígenas. Es oportunismo político”, lamentó.
Finalmente, hizo un llamado a repensar el enfoque legislativo y de políticas públicas. “No se trata de ponerle precio a todo. Lo urgente es construir mecanismos que protejan la reproducción cultural de las comunidades, que reconozcan sus derechos colectivos y que respeten su libre determinación sin imponerles condiciones para acceder a recursos”.
“El maíz olotón podría reducir emisiones globales, pero en lugar de proteger su libre reproducción, lo convirtieron en propiedad exclusiva de una empresa”.
Aldo González Rojas, integrante de la UNOSJO.
