Un grupo de organizaciones del Valle Central de California condenó las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en dos grandes granjas en la ciudad de Oxnard, donde detuvieron a 200 jornaleros agrícolas, en su mayoría indígenas de Oaxaca y de Guerrero.
En una comunicación, suscrito por el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO), el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), la Coalición Primero de Mayo, organizaciones comunitarias y aliados, la alianza expresó su solidaridad con los trabajadores agrícolas detenidos y con sus familias, ante la criminalización de las comunidades migrantes en todo el estado de California.
Sostuvo que las redadas no han sido para arrestar a personas con delitos como justifica el gobierno estadounidense, porque están deteniendo a personas inocentes cuyo delito ha sido trabajar y contribuir a sus comunidades.
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Expuso que el dolor vivido en Oxnard también se siente en el Valle Central y más allá, porque no solamente es un problema de esa ciudad ni de California, sino de derechos humanos.
De este modo, hizo un llamado a las y los funcionarios públicos de California para que denuncien las redadas, apoyen la defensa legal y terminen toda cooperación con las autoridades migratorias federales.
Además, pidió el cese del uso de los fondos públicos para el desarrollo de las redadas, porque no se necesitan decenas de agentes de ICE ni operativos masivos que aterran a las comunidades enteras.
Ante esto, demandó la liberación inmediata de todas las personas arrestadas y brindar información a las familias porque en los centros de detención no ofrecen detalles sobre su paradero, ni permiten comunicación.
Aparte de ello, requirió terminar la coerción e intimidación para forzar su autodeportación, porque los trabajadores agrícolas han sufrido intimidación en los centros de detenciones para firmar su salida de los Estados Unidos sin procesos legales.
La alianza de organizaciones también reclamó que los funcionarios locales y estatales se pronuncien y tomen acción para proteger a las comunidades migrantes, así como prohibir la presencia de ICE en los campos y proteger a los trabajadores agrícolas.
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