“Nunca he formado parte del llamado Cártel del Despojo, mucho menos me he dedicado a sobornar funcionarios públicos, jueces o notarios públicos para que actúen a mi favor, como me acusó públicamente la señora Ana Cecilia R.G y su abogado Jesús Martín M.H, quien se hace llamar El Rey del Amparo; tan es así que ahora ellos dos enfrentan un juicio penal federal por mentir y falsear información ante la autoridad en la causa penal 72/2025”, afirmó tajantemente el empresario Alejandro Varela Sánchez.
En entrevista, Varela Sánchez subrayó que haber sido señalado mediáticamente como integrante de un supuesto cártel de cuello blanco dañó su persona en el ámbito personal, profesional y económico.
“Pero siempre la verdad sale a la luz, aunque se tarde un poco, y ahora están sujetos a investigación porque el mismo juez que llevó su Juicio de Amparo dio vista al Ministerio Público Federal por delitos cometidos durante el proceso”.
Explicó que, tras esta determinación, el Agente del Ministerio Público Federal integró y judicializó la carpeta de investigación número 0001185/2024, que posteriormente dio origen a la causa penal 72/2025, en las que ambas personas deberán responder ante la justicia federal por intentan engañar a las instituciones del Estado.
Indicó que la audiencia inicial, en la que se formularán imputaciones y se definirá la situación jurídica de los señalados estaba programada para el viernes 6 de junio, no obstante, debido a la carga de trabajo en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en San Bartolo Coyotepec, fue diferida para el martes 9 de septiembre del año en curso, a las 11:24 horas.
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Recordó que los problemas legales comenzaron en 2016, cuando Ana Cecilia R.G lo acusó de intentar despojarla de una vivienda, aunque dicho inmueble pertenecía a la empresa “Export All Brokerage”, con sede en Guadalajara, Jalisco.
“La señora Ricardez, asesorada por la Doctora Balbina C.D, presentó una escritura con serias inconsistencias en el expediente civil 100/2016 ante el Juzgado Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del sexto civil del distrito judicial del centro”.
“Todo se originó por diferencias conyugales y por el indebido comportamiento de la señora Ana Cecilia R.G al pretender engañar a la justicia. Posteriormente demandó la propiedad de la casa ubicada en la agencia de San Felipe del Agua. De manera inexplicable ganó tanto en primera instancia dentro del expediente 100/2016 del Juzgado Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del sexto civil del distrito judicial del centro, como en apelación, en el Toca Civil 135/2020 de la Segunda Sala Civil”, explicó.
Añadió que, ante esa situación, promovió un Juicio de Amparo, en el que los magistrados del Primer Tribunal Colegiado le dieron la razón, dentro del juicio de amparo Directo 177/2021.
Manifestó que, una vez ganado el juicio de amparo 177/2021, la empresa “Export All Brokerage” le demandó la entrega del inmueble, ya que él lo habitaba en calidad de préstamo mediante dos contratos de comodato. La empresa obtuvo sentencia favorable y recuperó la posesión.
Fue entonces cuando Ana Cecilia R.G, con su abogado Jesús Martín M.H promovió otro Juicio de Amparo argumentando que había sido despojada ilegalmente del inmueble, presentando una escritura sin validez jurídica, ya que la propiedad había sido vendida desde 2008.
Sin embargo, sostuvo, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca resolvió sobreseer el Amparo, luego de que “Export All Brokerage” compareciera como tercera interesada y aportara pruebas que demostraban la falta de sustento legal e interés jurídico de los promoventes señora Ana Cecilia R.G y su abogado M.H.
Sostuvo que la falta de razón jurídica de ellos fue tan evidente, que el Juez de Distrito resolvió sobreseer el Amparo y no conformes con el resultado de dicha determinación, promovieron Amparo en Revisión. Este fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, en el expediente 188/2023, confirmando la sentencia original. “Es decir, perdieron de nuevo de forma contundente”.
Agregó que, como represalia, ambas personas comenzaron una campaña de difamación en redes sociales y medios impresos en su contra, siendo este hecho legalmente penado como daño moral ante la ley, misma situación que contrae repercusiones legales.
“Lo más importante es que la justicia federal evidenció que la señora Ana Cecilia R. G y su abogado Jesús Martin M. H intentaron engañar al juez. Por este motivo el juez da vista al Ministerio Público Federal y estaremos atentos al desarrollo del juicio, debido a la importancia de que el sistema judicial no sea utilizado con fines fraudulentos. Este caso es un claro ejemplo de que el Juicio de Amparo no debe ser una herramienta para promover mentiras ni obtener beneficios indebidos. Quienes así actúan deben responder ante la ley”.
