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Violencia contra periodistas persiste en Oaxaca

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Foto(s): Emilio Morales Pacheco
Luis Ignacio Velásquez

En los últimos 25 años, un total de 15 periodistas han sido asesinados en Oaxaca presumiblemente por el ejercicio de su labor profesional entre ellos Heber López Vásquez, 10 de febrero del 2022; Gustavo Sánchez Cabrera, 17 de junio del 2021; Telésforo Santiago Enríquez, 2 de mayo del 2019; Agustín Pavia Pavia, 13 de septiembre del 2016; Salvador Olmos García, 26 de junio del 2016; Elidio Ramos, 19 de junio del 2016; y Marcos Hernández Bautista, 21 de enero 2016.

Además, de Filadelfo Sánchez, 2 de julio del 2015; Abel Bautista Raymundo, 14 de abril del 2015; Octavio Rojas, 11 de agosto del 2014; Alberto López Bello, 17 de julio del 2013; Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, 7 de abril del 2008; Raúl Marcial Pérez, 8 de diciembre del 2006; y Bradley Roland Will, 27 de octubre del 2006.

En el análisis, Prevención de riesgos para el ejercicio periodístico. Buenas prácticas y recomendaciones para México, elaborado por la Fiedrich Ebert Stiftung señala que el ejercicio periodístico conlleva ciertos riesgos porque implica investigar, denunciar y cuestionar decisiones del poder político o económico, e incluso poner en evidencia hechos ilícitos de corrupción, uso excesivo de la fuerza o de carácter criminal. Además, dispone la información periodística para que la opinión pública delibere y debata, con lo cual trastoca las relaciones de poder e intereses entre actores con poder político, económico, criminal o social, y esto genera contextos específicos de riesgo para quienes ejercen esta profesión.

Añade que las personas que ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos se encuentran en contextos locales de agresión, estigmatización, criminalización, corrupción e impunidad que los colocan en riesgo diario. Como en cualquier parte del mundo, los contextos de relaciones de poder entre actores políticos, económicos, sociales y criminales varían a lo largo del país.

Dice que diversas investigaciones, informes y visitas in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas han documentado y analizado que los principales riesgos para periodistas en el nivel local provienen de actores políticos. Desde gobernadores estatales hasta presidentes municipales, regidores y síndicos. Incluso familiares directos o indirectos de estos han cometido agresiones diversas contra periodistas. En los últimos dos años se ha extendido el acoso sistemático de instancias gubernamentales, estatales y municipales, a través de la desacreditación y estigmatización a medios de comunicación y periodistas. Las demandas por daño al honor continúan siendo un instrumento de presión y censura importante, al igual que el uso discrecional del recurso público denominado publicidad oficial, es decir, presupuesto público para comprar espacios publicitarios en medios de comunicación.

“Asimismo, la mayor cantidad de agresiones derivan de la actuación de policías municipales y estatales, al igual que de las fuerzas armadas desplegadas en el territorio para tareas de seguridad pública y 'combate' a la delincuencia organizada. Si bien las principales agresiones son las físicas y verbales, en las que el decomiso y la destrucción del equipo de trabajo de las y los periodistas son la mayoría, también los golpes e inclusive el uso excesivo de la fuerza se registran en diferentes partes del país”.

Subraya que, por su parte, en México existe una cantidad importante de grupos criminales con capacidades diversas para llevar a cabo sus actividades, entre las cuales pueden contarse la producción, transformación, tráfico y venta de drogas; la trata de personas; el tráfico de armas; el robo, tráfico y venta de combustible, productos minerales; secuestro; extorsión; pornografía infantil, entre otros. Todas estas actividades requieren el control de poblados, localidades y ciudades, así como de rutas terrestres, aéreas y marítimas. Entre los recursos para ejercer el control territorial que se utilizan se encuentran la cooptación, la corrupción y por supuesto la violencia.

Manifiesta que a parte de socavar las bases del Estado de Derecho en el ámbito local, esos recursos tergiversan las relaciones entre actores políticos, empresariales y sociales, con lo cual se generan diversos riesgos para las personas periodistas. Por ejemplo, el control de las policías municipales y estatales, a través de la cooptación o la corrupción, trastoca la relación de quien hace la cobertura periodística de la fuente policiaca, de seguridad o justicia, con las personas que forman parte de las instituciones de seguridad pública. En estas condiciones, la información de estas fuentes responde a los intereses del o los grupos criminales, lo cual compromete la integridad física del o la periodista, además, claro está, de la veracidad de la información.

Fallecieron en cumplimento de su labor

Heber López Vásquez, 10 de febrero del 2022

Gustavo Sánchez Cabrera, 17 de junio del 2021

Telésforo Santiago Enríquez, 2 de mayo del 2019

Agustín Pavia Pavia, 13 de septiembre del 2016

Salvador Olmos García, 26 de junio del 2016

 Elidio Ramos, 19 de junio del 2016

Marcos Hernández Bautista, 21 de enero 2016

Filadelfo Sánchez, 2 de julio del 2015

Abel Bautista Raymundo, 14 de abril del 2015

Octavio Rojas, 11 de agosto del 2014

Alberto López Bello, 17 de julio del 2013

Teresa Bautista Merino, 7 de abril del 2008

Felicitas Martínez Sánchez, 7 de abril del 2008

Raúl Marcial Pérez, 8 de diciembre del 2006

Bradley Roland Will, 27 de octubre del 2006

 

Riesgos del ejercicio periodístico

Investigar

Denunciar 

Cuestionar decisiones del poder político o económico

Evidenciar hechos ilícitos de corrupción

Evidenciar uso excesivo de la fuerza o de carácter criminal

Principales agresores

Figuras políticas: gobernadores estatales hasta presidentes municipales, regidores y síndicos. 

“La mayor cantidad de agresiones derivan de la actuación de policías municipales y estatales, al igual que de las fuerzas armadas desplegadas en el territorio para tareas de seguridad pública y 'combate' a la delincuencia organizada".

Fiedrich Ebert Stiftung 

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