La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) cuestionó el proceso electoral del pasado 1 de junio, en el que por primera vez en la historia del país se eligieron por voto directo a personas magistradas, ministras, jueces y juezas. La organización empresarial calificó esta jornada como “opaca, con escasa participación y con un modelo que no debe repetirse”.
En un pronunciamiento, Coparmex advirtió que este ejercicio es una muestra de cómo una reforma impulsada sin consenso “genera desconfianza y debilita el Estado de Derecho”. A su juicio, la baja participación ciudadana es una clara señal de que este modelo electoral no responde al interés ni a la voluntad de la ciudadanía.
Durante la jornada, Coparmex desplegó una red de observadores ciudadanos que reportó más de mil incidentes, incluyendo retrasos en la instalación de casillas, actos de violencia, compra de votos y uso de “acordeones” para inducir el sufragio. Estos hallazgos, señaló, comprometen la legitimidad del proceso y ponen en evidencia su fragilidad estructural.
Desde la aprobación de la reforma judicial en septiembre de 2024, la confederación había expresado su preocupación por la falta de diagnóstico técnico, la ausencia de consenso plural y la inexistencia de mecanismos efectivos para evaluar perfiles. Ahora, tras la elección, sostiene que se han confirmado los riesgos advertidos.
“Esta elección no puede convertirse en el nuevo modelo electoral”, sostuvo.
“No debe justificar recortes presupuestales, ni reducción de casillas, ni improvisaciones logísticas que terminan por debilitar la democracia y los derechos ciudadanos”.
A juicio del organismo, lo que debía ser una transformación del Poder Judicial hacia una mayor autonomía y profesionalización, terminó por convertirse en un ejercicio de control político, sin transparencia ni evaluación de capacidades.
“La justicia no puede ser reducida a un ejercicio de popularidad”, subrayó.
La Coparmex también alertó sobre las repercusiones económicas de un sistema judicial sin credibilidad. Señaló que cada vez más empresas internacionales están optando por resolver sus controversias fuera del país, y que las más afectadas por un modelo ineficiente serán las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), al quedar desprotegidas ante un sistema politizado.
Pese a las irregularidades documentadas, la organización empresarial aseguró que no se limitará a la crítica. Anunció que impulsará una propuesta alternativa de reforma judicial, basada en criterios técnicos, buenas prácticas internacionales y con participación de expertos, organizaciones sociales y actores del sector productivo.
“Defender el Estado de Derecho es defender el futuro del país. Lo que está en juego no es solo una elección, sino el modelo democrático que México ha construido por décadas”.
