El abogado oaxaqueño y defensor de los pueblos indígenas Hugo Aguilar Ortiz se perfilaba para ser el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al encabezar el conteo de boletas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
En el corte de las 17:10 horas, con 62 mil 486 actas computadas, que representan el 74.15 del total, Hugo Aguilar encabeza la votación con 4 millones 73 mil 358, que representa el 5.17 por ciento del total, seguido de la candidata y actual ministra de la SCJN Leni Batres Guadarrama con 3 millones 861 mil 598 votos, es decir el 4.90 por ciento del total. Esto con el cómputo de 63 mil 97 actas, de 84 mil 266, que representan el 74.87 por ciento.
En el segundo lugar de mujeres, se encuentran la actual ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, con 3 millones 391 mil 50, lo que representa el 4.30 por ciento; la también ministra de la Loretta Ortiz Ahlf con 3 millones 265 mil 947 votos, es decir el 4.14 por ciento del total; la candidata María Estela Ríos González 3 millones 75 mil 518 votos, el 3.90 por ciento del total; y Sara Irene Herrerías Guerra con 2 millones 49 mil 65 votos, el 2.60 por ciento.
En tanto, los hombres punteros además de Aguilar Ortiz son: Giovanni Azael Figueroa Mejía con 2 millones 288 mil 570 votos, que representan el 2.88 por ciento del total; el candidato Irving Espinosa Betanzo con 2 millones 230 mil 449 votos, lo que representa el 2.80 por ciento; y Arístides Rodrigo Guerrero García con 2 millones 180 mil 702 votos, lo que representa el 2.74 por ciento del total.
El abogado Aguilar Ortiz, es originario de la comunidad mixteca Villa de Guadalupe Victoria, del municipio de San Miguel El Grande, Distrito de Tlaxiaco, hablante de la lengua Ñu’un Savi.
Es licenciado en Derecho y cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
En su actividad profesional se ha desempeñado titular del área jurídica de Servicios del Pueblo Mixe (SER), subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca, coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), titular de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como consultor de la Oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el tema de tierra, territorio y recursos naturales de los Pueblos Indígenas.
También se ha dedicado a la defensa de los pueblos originarios, siendo asesor y representante legal de más de 25 comunidades indígenas en Oaxaca donde intervino en procesos conciliatorios y jurisdiccionales que permitieron resolver disputas territoriales entre pueblos mixtecos, mixes y zapotecos; y brindó asesoría en conflictos político-electorales bajo el régimen de Sistemas Normativos Internos; además de ser parte integrante del Congreso Nacional Indígena y del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en los diálogos de San Andrés Larráinzar.
Entre sus propuestas destacan: impulsar una función jurisdiccional en territorio, incorporando visitas situ, el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos. Asimismo, se debe asumir una actitud abierta para aprender del otro, su especificidad, contexto y su realidad. De esta forma, los argumentos que sustenten las resoluciones no serán simples razonamientos formales, sino sustentados en la realidad.
Así como tener presente el carácter terminal que tienen las resoluciones, así como el hecho de que nadie posee la verdad absoluta. En este sentido, se debe fortalecer un enfoque multidisciplinario, dando intervención a las instancias especializadas en todas las materias, ampliando y consolidando la figura de Amicus Curiae. Asimismo, se debe privilegiar el diálogo con las partes para examinar con mayor profundidad las controversias.
Asimismo, estar atento al contexto nacional para la resolución de los temas centrales de la vida pública. Para ello, se debe privilegiar un diálogo republicano entre los poderes de la Unión, las entidades federativas, los municipios, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
