Agencias
Pobladores de localidades del Istmo de Tehuantepec denuncian que al menos 25 parques eólicos han sido instalados a lo largo de los años sin consulta popular.
Pedro Matus, opositor de los alrededor de 31 proyectos eólicos que cercan su comunidad, señala que entre 2011 y 2012 arribó a Unión Hidalgo el parque eólico Gunaa Sicarú. Las casas de la comunidad se encontraban a 300 y 400 metros de los aerogeneradores. El ruido de las aspas no los dejaba dormir y rompía con el sonido de su Oaxaca. Además, asegura Norberto Altamirano, habitante y docente de la zona, “no se hizo una junta en toda la población, no se convocó a la gente”.
Por este motivo, le exigieron a la empresa Électricité de France (EDF) que se realizara la consulta previa. A partir de entonces organizaron asambleas o sesiones informativas, donde se hablaba de las bondades y beneficios. Pero “la empresa tuvo la gentileza de pagar a muchísima gente para que asistiera a esas asambleas exclusivamente a gritar, a mis propios paisanos”, para generar una división entre las y los miembros de la localidad. A partir de entonces, fueron estigmatizados y recibieron amenazas, según Matus.
Al alza los potenciales del viento
El boom que menciona Matus va de 2010 a 2020, mientras que entre 2020 y 2023, su uso como fuente de generación eléctrica se mantuvo constante. En otras palabras, no creció ni disminuyó en el último periodo, de acuerdo con el informe "Energía Verde en América Latina".
En ello coincide la Asociación Mexicana de Energías Eólica (AMDEE) que indica un crecimiento en la capacidad instalada de 31.51% de 2010 a 2018; en tanto que de 2019 a 2024 fue de 6.25%.
Por su parte, el Reporte de Avances de Energías Limpias 2024 de la Secretaría de Energía (Seder) revela que la generación de electricidad a través de la energía eólica muestra un altibajo sostenido en el primer semestre de 2019 a 2022, (29.2%, 28.5%, 25.8% y 24.7%, respectivamente). Mientras que en 2023 avanzó unos puntos porcentuales, hacia 27.6%.
Parece que 2025 será diferente, pues el año pasado se tenían 71 parques y 7,683 megavatios instalados en energía eólica; en tanto, en lo que va de 2025 se tienen 74 parques y 7,782 megavatios de capacidad instalada, esto último a decir del presidente de la AMDEE, Gerardo Pérez Guerra.
Consulta anticipada e información con claroscuros
Una prioridad es una consulta previa e informada. Informada significa dar a conocer todos los puntos tanto positivos y negativos de lo que implica la implementación de un parque eólico, así como la mitigación o resarcimiento de daños. En otras palabras, una transparencia real.
El 23 de febrero del año en curso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) exhortó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a entregar información sobre los “parques y plantas eólicas situadas en Oaxaca”, puesto que en 2024 una persona presentó un recurso de revisión —un medio legal para impugnar una respuesta de un sujeto obligado a dar información— ante el Instituto.
Esto se debe a que no hay precisión en las cifras y da cuenta de una transparencia limitada. En un escenario imaginario, si se realizara una consulta con transparencia real, después de ello seguiría para las empresas cumplir los acuerdos establecidos con la comunidad.
En ese sentido, los escenarios se diversifican, puesto que la normativa en México ha sido modificada recientemente. La anterior legislación energética de 2013 es calificada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como “un despojo” que “benefició los bolsillos del sector privado”. Además, fue el marco bajo el cual se instalaron la mayoría de los proyectos eólicos hasta hoy activos en el país. Ante el inicio del sexenio de la mandataria, ésta creó un nuevo marco regulatorio para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que incluye una serie de reformas bajo el rumbo de una transición energética “justa”, englobado en lo que se ha denominado como “leyes secundarias”. Incluyen la expedición de nueve leyes secundarias y la armonización de tres iniciativas.
De igual modo, menciona que cada proyecto del sector eléctrico debe contar con una Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético emitida por la Secretaría de Energía (Sener); ésta, aparte de medir el impacto social, con base en la evaluación establecerá medidas de mitigación para proteger los derechos humanos y la sostenibilidad en las comunidades afectadas.
En tanto que, la Ley de Planeación y Transición Energética de igual manera agrega la justicia energética y sostenibilidad como parte importante. Busca que los actores del sector garanticen el respeto a los derechos humanos ambientales y sociales. Además, se adiciona el Sistema Nacional de Información Energética para mejorar la transparencia; no obstante, queda ver la implementación de toda esta normativa en la práctica.
Asimismo, a nivel global, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el derecho a la consulta libre, previa e informada para los pueblos indígenas y tribales cuando se desarrollen proyectos que puedan afectar sus derechos o intereses, y México lo ratificó.
Oaxaca, a la cabeza en energía eólica
En 1994 se instaló el primer parque eólico tanto en México como en Latinoamérica, específicamente en el Istmo de Tehuantepec. Se trata de La Venta en Oaxaca, que comenzó como un proyecto experimental llevado a cabo por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Eligieron Oaxaca bajo el argumento de promover el desarrollo económico de uno de los estados con mayores niveles de pobreza y reducir los gases de efecto invernadero generando energía limpia.
Hoy, la mayoría de la capacidad instalada del país en energía eólica se encuentra en el Istmo de Tehuantepec, con 2,758 megavatios contabilizados en 2024 y el mayor número de parques (28), reuniendo así 1,583 aerogeneradores, según información del gobierno del estado de 2019 (esto varía según diferentes fuentes).
Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) señaló al término de 2024 que “contaba con 27 permisos de generación de energía eléctrica con tecnología eólica” en el estado. Sin embargo, a la fecha se desconoce con certeza cuántos aerogeneradores hay en total, así como antenas y torres eólicas. Asimismo, en tierras oaxaqueñas está uno de los parques que fue considerado uno de los más grandes de América Latina: “Energía Eólica del Sur”, donde se generan 396 megavatios.
Esto contribuye a eliminar la emisión de 567 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2).
Comunidades se perciben sin beneficios por las eólicas
La otra cara de este avance verde es el descontento de las comunidades, quienes consideran no han obtenido los beneficios prometidos por las eólicas. Esto también se puede ver en otros proyectos en Oaxaca, como en La Ventosa. O incluso en otros estados.
Sin embargo, parece que los casos sin consulta previa destacan en Oaxaca, también las limitadas políticas energéticas y estrategias para lograr una aceptación social genuina. Esto se debe principalmente por la cantidad de proyectos eólicos en el estado.
Es recurrente el rechazo comunitario
En ese sentido, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC) tiene registrados más de 25 proyectos de parques eólicos instalados en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, cuya consulta previa a las comunidades no fue realizada. Aunque se buscó confirmar este dato, la limitada información al respecto no lo permitió.
Un obstáculo recurrente en las eólicas es el rechazo comunitario. Este problema radica en la falta de una consulta adecuada, transparencia y beneficios tangibles para las comunidades donde se implementan estos, explica Guillermo Torres Domínguez, coordinador de justicia para PRODESC.
Uno de los problemas más comunes radica en la tenencia de la tierra debido a una falta de transparencia y de consulta previa informada. En México, además de la propiedad privada y la pública, existe la propiedad agraria, que implica el cumplimiento de una serie de requisitos cuando una tercera persona quiere utilizar esas tierras que le corresponden a un ejido, que es una comunidad agraria. Algo muy ocurrente es que se hacen pasar esas tierras agrarias como propiedad privada. Es decir, se suscriben contratos de arrendamiento bajo el derecho civil, en contravención del derecho agrario.
Una verdadera consulta previa beneficia a las compañías
Por su parte, Evelina Marín, directora senior de Sustentabilidad en Engie México, explica que las empresas deben entender realmente lo que necesitan las distintas partes interesadas. En ese sentido, considera que es necesario mirar que los procesos sociales no están aislados de otros procesos ambientales y financieros. “Cuando uno logra entender esto, puedes entender cuál es la sinergia del impacto que estás causando y tener acciones contundentes para atender”.
Para Marín, los conflictos con las comunidades cuando se instalaban los grandes desarrollos eólicos o fotovoltaicos se deben a que “no se tenía una consciencia clara o no se quería tener una consciencia clara de que quien recibe el impacto en el sitio tiene una voz y puede ejercer mucha presión sobre tu proyecto”.
Como se ha visto, personas de las comunidades no se perciben beneficiadas por estas empresas. El reto ante el nuevo marco regulatorio en puerta es hacerlo más robusto, garantizando el derecho a la consulta previa para evitar conflictos y asegurar una transición energética justa. Sobre todo, considerando que es uno de los objetivos planteados por la administración actual, y también uno de los ejes rectores de la Agenda de la AMDEE que representa a 71 desarrolladores, fabricantes y proveedores de servicios relacionados con el sector.
