Ante la proximidad de la elección judicial programada para el 1 de junio, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Oaxaca hizo un llamado a la ciudadanía para vigilar activamente el proceso, documentar irregularidades y supervisar el conteo de votos.
“La participación organizada es la única vía para defender la legalidad, la justicia y la democracia”, señaló el organismo empresarial, al considerar que el proceso mediante el cual se elegirán magistraturas, personas juzgadoras y ministras carece de garantías fundamentales.
En un comunicado, Coparmex Oaxaca informó que ha dado seguimiento al proceso desde el registro de aspirantes y las campañas, y que su observación abarcará toda la jornada electoral y el escrutinio de resultados.
Como parte de una estrategia nacional, el Centro Empresarial participa en conjunto con organizaciones civiles y universidades, mediante la integración de observadores ciudadanos, con el objetivo de contribuir a un ejercicio técnico, sólido y transparente de vigilancia electoral.
La Coparmex advirtió sobre riesgos y desafíos que comprometen la legitimidad del proceso, como la posible injerencia de intereses políticos ajenos a la ley y la postulación de perfiles sin la preparación adecuada.
“Estos factores hacen indispensable nuestra participación activa en la observación, convencidos de que este ejercicio es clave para visibilizar fallas y proteger la independencia de uno de los poderes más importantes del país”, enfatizó el organismo.
Además, insistió en que la reforma al Poder Judicial representa riesgos estructurales para la justicia en México, pues el diseño actual del proceso -dijo- debilita la imparcialidad de quienes ejercerán funciones jurisdiccionales y pone en riesgo principios esenciales como la calidad de la justicia, el respeto a los derechos humanos y la certeza jurídica, pilares del desarrollo económico.
En la jornada del 1 de junio se elegirá a mil 662 personas para cargos judiciales, entre más de 18 mil aspirantes. La Coparmex advirtió que el proceso carece de una evaluación efectiva y de reglas claras, lo que lo coloca en una ruta de incertidumbre institucional.
“La falta de representantes de candidaturas en casillas y la reducción del 50% de los centros de votación eliminan contrapesos básicos. Además, el conteo en consejos distritales sin supervisión en campo rompe la cadena de custodia de los votos, genera vulnerabilidad en los resultados y pone en duda la transparencia del proceso”, concluyó.
