Integrantes de Comunicación e información de la Mujer (CIMAC), presentaron el “Violentómetro de agresiones contra mujeres periodistas”, herramienta que ayuda a identificar el nivel de riesgo que enfrentan en el ejercicio de su trabajo.
Durante años anteriores, -de acuerdo con el conteo de CIMAC-, se registraron mil 145 agresiones contra mujeres periodistas principalmente bloqueo informativo, amenazas, intimidación, descrédito de la labor o estigmatización, agresión física y hostigamiento.
En las agresiones a periodistas no hay una gradualidad de la violencia, por ello se decidió analizar casos específicos para establecer los grados de riesgo, destacó Ana Luisa Partida del Llano integrante del programa de libertad de expresión y género de CIMAC durante la presentación.
Así por ejemplo en uno de los casos la primera agresión se dio en 2021 con una amenaza; después, en 2024, en enero se incurrió en descrédito a la labor y posteriormente un atentado. En otro de los casos, se inició con una agresión física, posterior a una intimidación, amenaza y finalmente desplazamiento forzado.
“Si bien el violentómetro inicia como una herramienta que permite identificar el nivel de riesgo, lo que sucede en el caso de mujeres periodistas pareciera que el riesgo no baja ni tampoco es gradual, sino que podemos ir de una violencia que puede ser calificada de bajo riesgo a, de repente, niveles de violencia que obligan al desplazamiento”, señaló Cirenia Celestino de CIMAC.
¿En qué estados se registran más agresiones a periodistas? ¿Qué tipo de agresiones son las más frecuentes?
Consulta los datos en la #Cartografía: 🗺 Geografías de la violencia contra las #MujeresPeriodistas 🔗 → https://t.co/G51ONlw4hi #LibertadDeExpresión #Periodismo… pic.twitter.com/9I3JoSrmDb— CIMAC.org (@prensacimac) December 3, 2024
El Violentómetro construido por CIMAC inicia con el plagio, ataque digital, denegación de servicios y suspensión de cuenta. En un nivel mayor está el descrédito de la labor, las campañas de desprestigio, el bloqueo informativo, la censura, la agresión verbal y la agresión judicial.
En un nivel más alto se establecen las intimidaciones, el hostigamiento, despojo de material, amenazas, allanamiento y ataques a las instalaciones del medio. A lo anterior se suma la agresión física, el uso desproporcionado de la fuerza pública; detenciones arbitrarias y encarcelamiento.
Los actos de mayor riesgo son atentados, desplazamiento forzado, exilio, agresión sexual, desaparición, tortura y feminicidio.
Yésica Gabriela Arellano López, antropóloga social y feminista integrante en la organización Aluna destacó que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas como sujetos políticos desarrollan su trabajo en contextos de violencia. Independientemente del tipo de cobertura que realicen, el hecho de estar en lugares con condiciones de alta violencia genera un riesgo persé como por ejemplo la presencia del estrés postraumático.
La especialista destacó que, por ejemplo, investigaciones han arrojado que periodistas de Guanajuato tienen el triple de estrés postraumático que periodistas que cubren guerras, esto es por la cotidianeidad de estar viviendo allí. Otro es por visibilizar situaciones de injusticia, luchas y eso los lleva a criminalización y estigmatización por coberturas y fuentes que trabajan.
Un tercer nivel de identificación son las afectaciones por los temas que cubren como desapariciones, feminicidios, tortura.
“Constantemente están en trabajo con las víctimas o con las víctimas secundarias de esto. Se puede presentar un trauma psicosocial en distintos ámbitos”.
