“No lo pido para mí” es la frase en la que Alba, una mujer de 37 años originaria de una comunidad de la Mixteca, resume la desesperanza que la acompaña cada que visita uno de los Juzgados Civiles y Familiares donde, desde mayo pasado, tramita la demanda de pensión alimenticia para su hija de cinco años y su hijo de tres años.
Sentada afuera del acceso del Juzgado, Alba se calma a sí misma tejiendo con cintas de plástico el asa de una bolsa que venderá en 52 pesos, pero a la que deberá restar el costo del material.
La habilidad de sus manos le permiten tejer hasta con los ojos cerrados, pero las labores de crianza, los quehaceres de casa y el cargo impuesto en la cocina comunitaria del jardín de niños donde estudia su hija, le impiden tener ratos libres para tejer 12 bolsas en menos de 15 días.
“La docena me la pagan en 624 pesos; quien me las compra me descuenta los 330 pesos del material, pero con todo lo que tengo que hacer, a veces sólo tejo en las noches”, lo que a Alba le implica dormir cinco o si bien le va, seis horas.
Con Francisco, Alba empezó a vivir en unión libre a los 32 años, pero a los dos meses de embarazo fue cuando recibió los primeros golpes que al día siguiente la hicieron sentir adolorida y descubrirse llena de moretones.
Antes de que Alba pensara en irse, la mamá de Francisco le advirtió que no se saliera de la casa y le aconsejó “hacerse a un lado” cada que su hijo llegaba borracho.
“Si te hubiera matado, tu familia te hubiera cobrado”, son las palabras que Alba recuerda de una mujer que la hizo sentir como un animal y que es parte de las personas de la comunidad que perpetúan el machismo y normalizan la violencia familiar contra una mujer.
Tan sólo recordar esos momentos violentos que Alba creyó quedarían atrás al dejar a Francisco hace tres años, con un segundo embarazo, es inevitable que admita que le duela porque no ha recibido ningún tipo de ayuda para sanar heridas emocionales que ella no eligió sentir.
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— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) November 18, 2024
Violencia tras violencia
Si en su momento no denunció toda la violencia física que vivió, fue porque consideró que al decidir “hacerse un lado” creyó que se acabaría el problema, pero vino otro: mantener a su hija que ahora tiene cinco años y a su hijo de tres años.
Por tratarse de una comunidad de usos y costumbres, en el 2023 lograron un acuerdo ante la autoridad municipal, Francisco le daría 2 mil 500 pesos cada mes, “pero a los pocos meses ya no daba, tenía que recordarle y sólo me entregaba 300 o 500 pesos cuando él quería, pero nunca se ha preocupado al llegar el mes y buscarme”.
La impotencia que sintió el pasado 14 de febrero cuando no tenía los 12 pesos para pagar una galleta que la maestra le pidió a su hija por el Día del Amor y la Amistad, hicieron que Alba se decidiera a interponer una demanda formal de pensión alimenticia.
Esa decisión le trajo más gastos. Para consultar su expediente o acudir a cualquier audiencia debe pagar 200 pesos para viajar de la región de la Mixteca a Valles Centrales.
La mañana avanza y Alba no ha comido más que el taco que alcanzó a echar en su mochila a las 5:30 horas, cuando salió de su casa. La entrevista se interrumpe porque el actuario le confirma que la acompañará a notificarle de la primera audiencia del juicio a Francisco a su comunidad, siempre y cuando pague la gasolina.
¨¿Trae dinero? Para que pida permiso”, le pregunta el actuario que no imagina siquiera que los 300 pesos de los que dispone Alba implican 15 días de trabajo en sus “ratos libres”.
