Si bien no existen datos oficiales, porque se carecen de censos o encuestas institucionales, alrededor de cuatro mil 499 personas fueron desplazadas en Oaxaca, algunas de manera individual, familiar e incluso colectivas, durante el periodo 2010-2023.
De acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en Oaxaca, elaborado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), los desplazamientos y los impactos que generan en el goce y ejercicio de los derechos humanos se documentaron a partir de 156 expedientes abiertos por situaciones de desplazamiento forzado o por probables desplazamientos en 77 municipios y 103 localidades de la entidad.
Las personas desplazadas son en su mayoría originarias de los pueblos y comunidades indígenas mixes, zapotecos de la Sierra Norte, zapotecos de la Sierra Sur, mixtecos, zapotecos de Valles
Centrales, triquis, chinantecos, zapotecos del Istmo de Tehuantepec, huaves, chatinos y chontales.
Estos sucesos ocurrieron en contextos comunitarios, donde la mayoría de las decisiones fueron tomadas en asamblea y existía una organización social que les dio la fuerza para materializar la decisión de expulsar o desplazar a las personas de sus lugares de origen.
De esta manera, fueron señaladas como responsables las autoridades municipales, entre estos, el presidente, el alcalde, el síndico y el agente municipal, así como el Comisariado de Bienes Comunales, el representante de núcleo rural y el administrador municipal, aunque también se atribuye responsabilidad a autoridades estatales o federales.
De los 156 expedientes iniciados por desplazamiento, en al menos 43 de ellos, la causa fue la imposición de una sanción comunitaria por el incumplimiento de algún cargo, la falta de pago de una multa, la falta de transparencia en el manejo de recursos económicos, por la falta de observancia a las normas comunitarias y por la práctica de brujería.
Otra de las causas que generaron desplazamientos de personas fue por profesar o practicar una religión distinta a la católica, ya que la mayoría de las comunidades han asumido este religión como la principal, pues en menor medida existen vigentes otras prácticas religiosas como las protestantes, cristianas o evangélicas, entre otras.
En la totalidad de los casos documentados, los desplazamientos impactaron de manera notable en la relación especial que tienen las personas con sus tierras, territorios, cultura y organización social.
A pesar de esto, la respuesta institucional para garantizar una atención desde la perspectiva de los derechos humanos antes, durante y posterior a los desplazamientos, ha sido limitada y sin perspectiva de derechos humanos, lo cual puede encontrar su sustento en la falta de un marco normativo, presupuestos específicos y políticas públicas destinadas para generar una respuesta institucional coordinada y adecuada.
Según el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en Oaxaca, la DDHPO emitió más de 250 medidas cautelares y solicitó más de 900 colaboraciones a distintas autoridades federales, estatales y municipales, ante la necesidad de fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas.
Con las medidas cautelares emitidas se requirió principalmente la implementación de manera urgente de medidas destinadas a la protección de la vida, la integridad y seguridad personal, la salud, la alimentación, la educación, y el acceso a la justicia.
