Antes de Diego Paz, Zeferino Soriano Morales fue privado de la vida víctima de abuso policial por parte de elementos de Santa Lucía del Camino.
A siete años de su asesinato no hay ningún elemento policiaco sentenciado: cuatro quedaron absueltos y sólo uno continúa en proceso penal, pero no como funcionario público sino como ciudadano.
“Las autoridades juegan con el sufrimiento de las personas y le apuestan al cansancio de las familias. El gobierno lo sabe, desgasta emocionalmente. En mi caso han pasado 7 años, pero yo no lo voy a abandonar, yo voy a seguir así pasen los años, pero es luchar contra todo un sistema”, expresa Natalia Andrade Villanueva, viuda de Zeferino.
Natalia es originaria de Oaxaca, pero lleva dos décadas viviendo en Francia.
Desde el asesinato de su esposo hasta la fecha ha enfrentado diferentes obstáculos para alcanzar la justicia, el primero que le hayan negado la calidad de víctima y con ello el acceso a la carpeta de investigación durante tres años.
Zeferino llevaba viviendo cuatro años en Francia. En 2017 regresó a Oaxaca para visitar a su mamá enferma.
El 6 de agosto fue detenido por la policía municipal de Santa Lucía del Camino y fue hallado sin vida en la celda. “Cuando se fue nunca me hubiera imaginado que le pudiera pasar eso”.
Natalia todavía no sé la razón exacta por la cual detuvieron a Zeferino entonces de 35 años de edad. En la carpeta de investigación sólo señala que fue una falta administrativa.
“Cuando sucedió esto yo no estaba en Oaxaca. Los policías lo detienen en Santa Lucía del Camino, se lo llevan al municipio y ahí lo interrogan entre cinco policías. El interrogatorio en realidad fue una tortura porque lo golpearon y le estallaron el bazo, lo dejaron desangrar”.
Zeferino fue buscado por sus padres, su cuerpo ya estaba en la fosa común, señaló Natalia. En un inicio los policías negaron haberlo detenido, sin embargo, la hoja de registro indicaba que Zeferino había sido detenido e ingresado a los separos de la policía municipal de Santa Lucía. El resultado de los exámenes que le hicieron arrojaba que no estaba alcoholizado ni drogado.
“El proceso ha sido muy difícil. No querían reconocer mi estatus de víctima ni el de mi hijo. El acta de matrimonio tampoco fue aceptada. Durante los primeros tres años hubo un primer proceso contra cuatro policías.
Al recordar todo el proceso, Natalia pareciera relatar lo que actualmente está ocurriendo en el caso de Diego Ignacio Paz: marchas ciudadanas, protestas, ensuciar la reputación de la víctima, además de la misma respuesta de las autoridades aparentemente decididas a hacer justicia.
“Hubo comunicados de Santa Lucía del Camino informando que había cinco detenidos, dieron los nombres de los cinco detenidos y que iba a haber justicia como ahora, sólo que pasaron dos años, hicieron el proceso, dejaron libre a cuatro policías, nada más esta detenido uno y a ese lo detuvieron hace un año”, relató.
El policía está siendo juzgado sin considerarse que el homicidio fue cometido dentro de los separos de la policía y sin contemplar que el presunto homicida era policía, también se desestimó la tortura que hubo contra Zeferino a quien dejaron morir desangrado. A ello se agrega que la autoridad municipal, en ese entonces encabezada por Raúl Cruz, fue eximida de responsabilidad. “El estado se limpió las manos. Fue Zeferino hace siete años, ahora es Diego y después ¿quién?”, cuestiona.
Las irregularidades en el proceso fueron expuestas por Natalia ante la ONU y ante el Comité Contra la Tortura y los Malos tratos.
La justicia para Zeferino, lamenta Natalia, aún se observa muy lejana y de llegar sería insuficiente porque la denuncia está mal formulada y la sanción para el presunto homicida será mínima al no juzgarlo como funcionario público.
“Yo espero que el juicio que se haga ahora con Diego no corra la misma suerte que la de Zeferino”.
