El gobierno del estado atenderá, en su momento, porque aún no ha sido notificado, la solicitud de información que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al caso de la abogada Liliana Altamirano Calderón, quien se desempeñó en la administración pasada como gerente de la sucursal 20 del Monte de Piedad y cuando no se le ratificó en el cargo denunció despido injustificado y, posteriormente, alegó acoso sexual, pero el juez desestimó su demanda por falta de pruebas, afirmó el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero.
Dijo que como suplente del gobernador en el órgano de gobierno del Monte de Piedad, conoce todo el tema desde su origen, así cuando se analizó la titularidad de las gerencias de la institución, que conlleva un tema de mucha confianza, se inició el conflicto. “Obviamente se tiene identificadas a las personas que han estado fungiendo o donde ha habido algún problema, es el caso de esta abogada que ya había tenido algunos problemas en la tienda donde estaba como gerente”.
Señaló que inicialmente se le acercó la abogada para manifestar su interés de continuar en el cargo, pero tenía problemas con el sindicato donde hubo denuncias entre ella como gerente y la parte sindical, e, incluso, agresiones entre ellos, por lo que se optó por cambiarla.
“Entonces volvimos a platicar sobre el tema y volvió a referir su interés por continuar en la administración estatal, pero ante la situación creada en la sucursal del Monte de Piedad era insostenible que ella siguiera al frente de la gerencia, sobre todo porque debe considerarse de acuerdo a la Ley del Servicio Civil que estos espacios no tienen una estabilidad en el empleo y son cargos estrictamente de confianza, por lo que se optó por removerla del espacio”.
Vásquez Sagrero destacó que después de removerla, la abogada empezó a aducir que había sufrido algún hostigamiento y empezó a establecer cuestiones que nunca puso antes sobre la mesa.
“Y es lamentable que se utilicen este tipo de expresiones, de argumentos, porque no estamos salvos de que este tipo de actos también se cometan y que desde luego se ponga en riesgo, en algunas ocasiones, la integridad de una mujer, y que en este sentido tengan que ser investigadas, pero por lo que a nosotros respecta escuchamos con atención este caso, nunca se manejó un asunto de hostigamiento en ningún sentido, sino fue después de que se le notificó de que se tenía que terminar la relación laboral”.
Añadió que la abogada presentó una denuncia ante la instancia correspondiente, misma que se judicializó y por ello el director del Monte de Piedad fue llamado a la audiencia correspondiente y a juicio del juzgador no hubo elementos necesarios para una vinculación a proceso; es decir, fue analizado el caudal probatorio que se presentó ante el Ministerio Público, ante la instancia que atiende este tipo de denuncias, y no hubo una vinculación a proceso por parte del juzgador.
“Estaremos atentos desde luego si es que hubiera algún tema, no hemos sido notificados hasta ahora de algún tema de esta naturaleza, en todo caso tiene que ser el Estado Mexicano y en todo caso pedirnos el informe correspondiente, de ser verdad también esto que se ha referido, porque es un hecho que inicia a través de un tema laboral y no de los que en su momento atiende la CIDH, pero aun así estaremos atentos; desde luego le hemos dado un puntual seguimiento porque el gobernador del estado ha instruido que este tipo de conductas no se toleren, ni se permitan; sin embargo, sí veo asimismo una intención posterior a la notificación formal de un cambio de la situación laboral, que se comenzó a utilizar también un argumento de esta naturaleza”.
