El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) requirió ayer a las autoridades de procuración y administración de justicia investigar y sancionar a los responsables del crimen del defensor comunitario de Santiago Amoltepec, Lorenzo Santos Torres, que había tenido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En los hechos, sucedidos en inmediaciones de El Vado, sobre la carretera federal 131 Oaxaca-Puerto Escondido, también murieron su esposa e hija.
El presidente de esa organización civil, Maurilio Santiago Reyes informó que el defensor comunitario fue atacado alrededor de las dos de la mañana cuando se desplazaba en su vehículo, por personas desconocidas provistas de armas de fuego.
Expuso que las personas desconocidas posteriormente prendieron fuego a la unidad de motor.
Explicó que la CIDH había concedido las medidas cautelares MC-338-13 en 2013 a Santos Torres y su familiar por las amenazas recibidas por su defensa de los derechos civiles, políticos, tierra y territorio en la región de la Sierra Sur
Detalló que el defensor comunitario también se oponía a las injusticias cometidas por las autoridades municipales de Santiago Amoltepec.
Precisó que el defensor comunitario fue amenazado de muerte en varias ocasiones y encarcelado por oponerse al cacicazgo regional encabezado por el presidente municipal de Santiago Amoltepec en el 2013, Pedro Luis Jiménez Hernández, actualmente preso.
Incluso, observó que su hijo de 10 años de edad, fue asesinado de un disparo en la cabeza el 10 de septiembre de 2013, cuando se encontraba jugando en la azotea de su domicilio en el centro de Santiago Amoltepec.
Santiago Reyes dijo que el defensor comunitario fue atacado posteriormente con armas de fuego por personas desconocidas, el 31 de octubre de ese mismo año, cuando se encontraba frente a su tienda de frutas y verduras, en calles céntricas de esa municipalidad, resultando con heridas de gravedad en el abdomen.
