Con el asesoramiento de Litigio Estratégico Indígena, una persona indígena procesada injustamente por un delito de prisión preventiva oficiosa promovió un juicio de amparo para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) en el caso de Tzompaxtle Tecpile y otros contra México.
El presidente del Comité Directivo de la organización, Carlos Morales Sánchez informó que ese órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos, con sede en Costa Rica, condenó al Estado mexicano, en particular el Congreso de la Unión, a modificar el artículo 19 de la Constitución Política federal para eliminar el catálogo de delitos de prisión preventiva impuesta de manera automática.
Explicó que el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa constituye una violación al principio de presunción de inocencia y al derecho a la libertad, garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sin embargo, subrayó que el Congreso de la Unión ha desobedecido hasta ahora la disposición de la CIDH, a pesar de estar obligado el Estado mexicano a acatar sus resoluciones.
“Como han transcurrido nueve meses y el Congreso de la Unión no ha iniciado el procedimiento legislativo, la persona indígena privada de la libertad promovió un juicio de amparo para obligar al Poder Legislativo a cumplir la sentencia”, anotó.
De esta manera, destacó que el Poder Judicial de la Federación deberá requerir informes al Congreso de la Unión sobre el cumplimiento de la sentencia de la CIDH y en su oportunidad, emitir una sentencia de amparo donde ordene la eliminación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa.
