CIUDAD DE MÉXICO .- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, de acuerdo con cifras preliminares, el candidato del PAN al Gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, no rebasó el 5 por ciento del tope de gastos de campaña, fijado en 19.2 millones de pesos.
El Instituto detalló que, aunque faltan por hacerse algunos ajustes, los cuales podrían ir a la alza, el priista Miguel Riquelme superó el tope en 7.86 por ciento, mientras que Anaya en 4.56 por ciento.
La Constitución federal, en el Artículo 41, determina que puede ser causal de nulidad de comicios si un candidato supera en 5 por ciento el tope estipulado.
Agrega que, si se llega a anular una elección, se convocará a nuevos comicios en los que los candidatos sancionados no podrán volver a contender.
Aunque aún faltan por contabilizarse algunos ajustes, el candidato blanquiazul estaría por el momento exento de estos preceptos legales.
"En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada", precisa la Constitución mexicana.
El INE informó que este rebase del PRI y el PAN se da después de que, por acuerdos aprobados ayer por el Consejo General, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) realizó ajustes a los gastos de los partidos y candidatos.
En un comunicado detalló que, a estas cifras de gastos, falta por añadirles modificaciones relacionadas a la matriz de precios de gastos no reportados y al prorrateo por el cual los partidos y coaliciones distribuyeron erogaciones entre sus distintos candidatos.
El árbitro electoral abundó que, además, falta por revisar todos los gastos relacionados con el pago de representantes de casilla, lo cual por el momento no se está tomando en cuenta.
PRI, en la mira
El principal perjudicado con esa medida, refirieron, podría ser la alianza encabezada por el PRI, que ayer en un comunicado criticó que los consejeros Pamela San Martín y Ciro Murayama pusieron sobre la mesa hacer ajustes en el prorrateo.
"Con relación a la indebida propuesta de prorrateo, introducida por los consejeros Pamela San Martín y Ciro Murayama, es evidente que contradice lo que dispone el artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos", recriminó ayer el tricolor.
"De último momento, dichos consejeros pusieron sobre la mesa nuevos criterios de comprobación de gasto, dejando en estado de indefensión a los partidos de la coalición, por negárseles su derecho de audiencia y valoración de pruebas".
