La diputada independiente Mariana Benítez Tiburcio solicitó al gobierno estatal y municipios, así como organismos autónomos, que diseñen e implementen políticas públicas para visibilizar y atender las necesidades que viven las mujeres con capacidades diferentes.
Señaló que las barreras físicas, comunicacionales, de información y actitudinales, así como en el acceso a los espacios públicos, a los servicios y los recursos, generan situaciones de exclusión perpetuando relaciones de dependencia y limitaciones en el acceso a la salud, educación, recreación y al ámbito laboral, entre otros espacios vitales.
La congresista oaxaqueña detalló que según el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen más de 11 millones de personas con discapacidad o con algún problema o condición mental, de las cuales 3 millones 734 mil que representan el 52 por ciento son mujeres y 3 millones 433 mil son hombres lo que representan el 48 por ciento del total.
“El no encontrar empleos remunerados y de calidad, suele generar dependencia económica de su entorno, lo que puede llevar a las mujeres con discapacidad a ser víctimas de situaciones de violencia, que muchas veces no denuncian por el miedo a la pérdida de los vínculos y provisión”.
Benítez Tiburcio señaló que las mujeres con discapacidad viven más violencia, además que los refugios existentes en un 80 por ciento no son accesibles, lo que ejemplifica que los servicios de atención a la violencia de género contra las mujeres no están pensados para este sector.
La legisladora expuso que en materia de educación las mujeres con discapacidad tienen un menor nivel de escolaridad, debido a que solo logran asistir a la educación básica el 79 por ciento de las niñas y adolescentes; mientras que el 20 por ciento asisten a educación superior y sólo 4 por ciento logran terminan la universidad.
Asimismo, manifestó que la barrera de la comunicación, permite que la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad se perpetúe en el tiempo, como sucedió en el caso de la adolescente Jessica originaria de Tapachula, Chiapas, quien tenía parálisis cerebral y cuya familia se enteró cuando ya tenía 5 meses de embarazo y a quien las autoridades de salud de le negaron el aborto, debido a que la ley penal solo permitía el aborto por violación hasta los primeros 90 días de gestación.
“En el contexto anterior, celebro que el pasado 6 de septiembre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional los artículos de Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario, avances como estos en materia de los derechos a la autonomía reproductiva de las mujeres, benefician a muchas mexicanas como Jessica, a los que la Ley les impone barreras para ejercerlos”.
Sostuvo que es de suma importancia que las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de la mujer transversalicen la discapacidad para poder brindar atención hacia esa población”.
Panorama
11 millones de personas con discapacidad
52 % son mujeres
48 % son hombres
“El no encontrar empleos remunerados y de calidad, suele generar dependencia económica de su entorno, lo que puede llevar a las mujeres con discapacidad a ser víctimas de situaciones de violencia, que muchas veces no denuncian por el miedo a la pérdida de los vínculos y provisión”.
Mariana Benítez Tiburcio, diputada
