La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó medidas cautelares al gobierno estatal a favor de cuatro estudiantes de San Juan Cotzocón, excluidos de las ceremonias de fin de cursos, y de la entrega de sus constancias de estudios por influencia de un grupo hostigador y violento.
En respuesta, el Secretario general de gobierno, Héctor Mafud Mafud, en oficio dirigido a Juan Rodríguez Ramos, visitador general del organismo autónomo, aceptó las medidas cautelares solicitadas y precisó que giró instrucciones alas áreas correspondiente tes para su atención.
Las víctimas directas de ese atentado al derecho humano de la educación son los niños Aidé Monserrat Mateos Nicolás, Jazmín Guadalupe Remigio Ortega e Idalia Concepción Cruz Aquino, estudiantes de la la escuela primaria Valentín Gómez Farías.
Sus padres Rigoberto Mateos Toribio, Juan Remigio Tomás y Gilberto Cruz Nolasco, exigen al mismo tiempo a las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), la destitución inmediata del director del plantel, Filadelfo Gerbacio Primo, por haber sido el brazo ejecutor del grupo violento que ordenó que los tres menores no ingresarán al recinto donde se realizaría el acto protocolario de clausura de fin de cursos y en el que recibirían sus constancias de estudios.
La queja ante el Ombudsman de Oaxaca, incluye entre las víctimas a María Elena Encarnación Trinidad, a quien tampoco se le permitió su acceso a la ceremonia de clausura de fin de curso en la Telesecundaria de San Juan Cotzocón, donde recibirá su constancia de estudios.
En su queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, los padres de la joven responsabilizaron de ese atropello a José Nivardo Inocente Roledo, Noé Romero Trinidad y Gustavo Santibañez Soto, integrantes del Comité de la Escuela Telesecundaria, influenciados por el grupo desestabilizador que tienen el control de los nativos desde el año 2014.
Las familias reprochan la total indiferencia del presidente municipal de San Juan Cotzocón, Juan Carlos Aquino Santibáñez, quien nada hizo por evitar esos atropellos, porque trabaja bajo sometimiento del grupo violento.
Los afectados acusan que con ello se violentó el Artículo Tercero de la Constitución Federal, que en su contenido precisa: Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado-federación, Estados y Ciudad de México y municipios impartirán la educación primaria, secundaria y media superior. El ordenamiento legal añade en su contenido que la educación que imparta el estado tenderá a desarrollarse armónicamente.
