La Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y ex Presos Políticos del 2006 protestó ayer afuera de la sede del Poder Judicial Federal (PJF), localizada en la avenida Juárez de esta ciudad, para exigir al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito el cumplimiento de la sentencia de amparo 35/2019 y se responsabilice administrativamente al gobierno por las violaciones a sus derechos humanos durante el movimiento magisterial y popular.
Los manifestantes también bloquearon la circulación vial en la esquina de avenida Juárez con Valentín Gómez Farías.
#AlMomento | Manifestantes comienzan bloqueo en Avenida Juárez, a la altura del Llano #OaxacaDeJuárez.
Se recomienda tomar rutas alternas. pic.twitter.com/rF0zPqcikb— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) July 13, 2023
En su representación, el presidente de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos (Limeddh) en Oaxaca, Isaac Torres Carmona informó que la calidad de víctimas de los afectados fue reconocida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación pública 15/2007, por sufrir detención arbitraria, tortura, retención prolongada e incomunicación el 25 de noviembre de 2006.
Explicó que las víctimas fueron acusadas por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO) por los delitos de sedición, asociación delictuosa, resistencia de particulares, ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena, daños por incendio y ataques contra funcionarios públicos.
Explicó que las víctimas quedaron privadas de su libertad primeramente en la Base Aérea Militar número 15, de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), en San Juan Bautista La Raya, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán y después fueron trasladados vía aérea y recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de San José del Rincón, Nayarit, así como en los penales de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Tlacolula de Matamoros y en el Consejo de Tutela para Menores Infractores, respectivamente.
Manifestantes del Comité de víctimas de los agraviados del 2006 protestaron cerrando la vialidad en exigencia de solución a sus demandas. pic.twitter.com/TJJsmHW4v5
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No obstante, mencionó que las víctimas obtuvieron su libertad absolutorio meses después al demostrar su total inocencia en los delitos imputados por motivaciones eminentemente políticas, como castigo a su participación el movimiento magisterial y popular del 2006.
Ante esto, demandó al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, así como al gobierno estatal, especialmente a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el cumplimento de la sentencia de amparo y finque la responsabilidad administrativa y resuelva en su favor por los perjuicios, sufrimientos y perdidas económicamente evaluables, como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos sufridas en el año 2006.
“En la Secretaría de Honestidad, se oponen a cumplir la sentencia”, aseguró.
El activista dijo que el secretario de Gobierno, Jesús Romero López acudió a la protesta de la Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y ex Presos Políticos del 2006 y ofreció una mesa de diálogo para atender sus reclamos.
