Las dilaciones que persisten en los juzgados civiles, familiares y mixtos de Oaxaca que están obligados a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una pensión, hacen que este domingo madres que se hayan dado cita para instalar en kiosko del Zócalo de la Ciudad de Oaxaca un nuevo tendedero de deudores alimentarios.
Al menos 150 funcionarios públicos han sido identificados como deudores alimentarios morosos e integrados en una lista que será presentada ante el gobernador Salomón Jara Cruz.https://t.co/guLD6bsAwn pic.twitter.com/rYE22Dmril
— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) February 8, 2023
Acciones de protesta
Esta acción de protesta comenzó en julio de 2021 a iniciativa de la promotora de la Ley Sabina en torno a las responsabilidades económicas para con un hijo o hija, Diana Luz Vásquez Ruiz.
Para la secretaria ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, Alma Deysi Bautista Ramos, es la omisión del Poder Ejecutivo la que generó réplicas de este tendero.
La 65 legislatura aprobó la minuta remitida por el @CongresoOaxaca_ para reformar los artículos 38 y 102 en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos del servicio público a violentadores de mujeres y deudores alimentarios, la llamada Ley 3 de 3. https://t.co/0uFGSpdzjK
— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) May 27, 2023
Omisión y negligencia
Esta omisión se conjunta con la negligencia e impunidad de la Fiscalía General de los Estados y del Poder Judicial en el acceso a la justicia de las madres que han emprendido acciones legales, escribió Alma Deysi Bautista en la presentación del informe de resultados (ENERCI 2022) La responsabilidad en crianza y manutención de las niñas, niños y adolescentes: sobrecarga a las mujeres madres y abandono paterno.
Eneida, quien en marzo de 2021 comenzó una lucha legal para demostrar la paternidad de su hijo de cuatro años que nació con síndrome de down, participa por primera vez en este tendedero porque “es necesario visibilizar este gran problema que por años se ha ignorado”.
Después de que en abril pasado comprobó que el hombre a quien demandó, un funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sí es el padre de su hijo y quien a partir de ese momento aceptó otorgar sólo 900 pesos quincenales, sin considerar los gastos de terapias y escuela que el propio síndrome de down le hacen requerir.
“Nos critican a las mamás autónomas, pero no a los padres que abandonan”, consideró Eneida, quien ha enfrentado críticas por tener que trabajar para afrontar los gastos diarios de la crianza.
“Con nuestro esfuerzo han salido adelante y no es un favor el que hacen los progenitores, es su deber” y al sumarse a este movimiento ha conocido a mujeres de todo tipo de edades que demandan una pensión alimenticia justa para su hijo o hija y se enfrentan a hombres de todo tipo de profesiones y oficios que demuestran que no cumplir con una pensión “es falta de conciencia y humanismo”.
E insistió: “Con este movimiento hacemos un llamado a las autoridades para que agilicen la obtención de los reconocimientos de paternidad y las pensiones alimentarias, y a la sociedad para que no solapen y encubran a estas personas que no son capaces de cumplir con sus responsabilidades por sí mismo, si no que se les tiene que obligar con una orden judicial y al no hacerlo, se convierten en delincuentes.
