Aunque las reformas a la Ley Minera representan un avance en la lucha contra el extractivismo, no son suficientes para generar nuevas condiciones donde se respeten los derechos territoriales de las comunidades y pueblos indígenas en Oaxaca.
En un pronunciamiento, suscrito con el Observatorio de los Derechos Territoriales, la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), sostuvo que en Oaxaca, sin generarse ningún tipo de información hacia la ciudadanía, sin un proceso de consulta para obtener el consentimiento de las comunidades y en un proceso completamente opaco, se entregaron 294 concesiones mineras desde la creación de la Ley Minera (1992) y hasta 2020, según la Secretaría de Economía.
Entre estos, se encuentran 45 proyectos mineros: 36 en etapa de exploración, dos en etapa de desarrollo (Trinidad Norte y Monte Albán I), tres en etapa de explotación comercial (San José, Alta Gracia y El Águila) y cuatro en etapa de postergación (Yolanda, Cobre Grande, Santa María Ecatepec, El Tejón), principalmente en la región de Valles Centrales.
Expuso que las reformas a la Ley Minera incorporan algunas de las principales propuestas promovidas por colectivos y organizaciones en el país, especialmente, eliminar el carácter preferente de esta actividad para el uso del territorio, su prohibición en áreas naturales protegidas, frenar el mercado de concesiones por originar la especulación financiera, la disminución de la temporalidad de dichas concesiones de 50 años a 30, prorrogables por 25 años más, estudios de impacto social pagados por las empresas mineras y la consulta hacia comunidades y pueblos para obtener el consentimiento, entre las más importantes.
((DESCANSO)) "No trastocan 294 concesiones"
No obstante, subrayó que resulta necesario precisar que incluso con un marco jurídico laxo y favorable hacia las empresas mineras, estas han cometido una serie de desacatos al mismo, principalmente las localizadas en Oaxaca: Compañía Minera Cuzcatlán, Don David Gold y Minera Natividad.
Además, observó que las reformas a la Ley Minera no trastocan las 294 concesiones otorgadas desde la creación de la Ley Minera.
Por mencionar dos ejemplos, durante el proceso generado para modificar la Ley Minera, la empresa Vortex Metals anunció que recibió la aprobación de Santiago Astata y Santo Domingo Tehuantepec para realizar estudios ecológicos a fin de desarrollar dos proyectos denominados Riqueza Marina-Zaachila, con una superficie de 19 mil 104 hectáreas en el Istmo de Tehuantepec.
Por otro lado, la empresa canadiense Inomin Mines dio a conocer que adquirió el 100 por ciento de las acciones de la mina de oro y plata La Gitana, sin detallar a las comunidades involucradas, las zonas en las que la empresa minera realizó perforaciones o los impactos potenciales de dicho proyecto, porque únicamente menciona que el proyecto se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.
De esta manera, destacó que las reformas a la Ley Minera no son suficientes para generar nuevas condiciones donde se respeten los derechos territoriales de las comunidades y pueblos indígenas en Oaxaca, pues el derecho a la libre determinación, al territorio y un ambiente sano, siguen siendo las principales demandas de las comunidades afectadas y concesionadas en territorios oaxaqueños.
Además, resaltó que si el Estado mexicano continúa simulando transformaciones, las violaciones a los derechos fundamentales de pueblos y comunidades se incrementarán en los siguientes años.
Las comunidades han iniciado procesos asamblearios para informar a la ciudadanía sobre las concesiones y sus impactos, han fortalecido su tejido social comunitario, promovido diversas denuncias ante actores nacionales e internacionales, generado alternativas económicas al modelo extractivo, han declarado sus territorios como prohibidos para la minería e impulsado procesos judiciales contra las concesiones mineras en Oaxaca.
