Desde 2017 hasta 2022, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (Osfeo), fue incapaz de solicitar el fincamiento de responsabilidades administrativas o penales a funcionarios estatales o municipales, derivado de las acciones de fiscalización que por ley llevó a cabo.
Más aún, el hecho de que el Poder Legislativo no aprobará las últimas cinco cuentas públicas del gobierno que acaba de terminar, exhibe las deficiencias técnicas del órgano fiscalizador estatal para verificar y fiscalizar los informes de avance de gestión y las cuentas públicas, lo que dejó impune posibles actos de corrupción.
Con base en los informes emitidos por el Osfeo, durante sus cinco años de funcionamiento realizó 496 auditorías, con un presupuesto aprobado de 507 millones 51 mil 680 pesos, lo que significa que en promedio cada auditoría realizada costó más de un millón de pesos a los contribuyentes.
A pesar de ello, a la fecha de su desaparición, 8 de diciembre del 2022, no se dio a conocer de manera institucional y pública ningún caso relevante de fincamiento de responsabilidades, por lo que la impunidad en el desvió de los recursos públicos prevaleció.
Para el presidente de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Adán Córdova, esta situación debe ser motivo de fincamiento de responsabilidades, pero, para los ex integrantes del órgano fiscalizador.
“Porque si en sus informes que entregan al Congreso para su aprobación o no, plantean que son insuficientes los procesos, la metodología, los resultados de las auditorias, lo que significa es que su trabajo técnico es deficiente y de ello debe haber responsables”.
Dice que hay que recordar que la función de fiscalización es del Poder Legislativo, pero la asume a través de un órgano técnico, que es el Osfeo; por tanto, ellos son los responsables de verificar las cuentas públicas estatales y municipales, así como comprobar el uso de los recursos y el impacto de los mismos.
“Alguien tiene que ser responsable"Manifiesta que, en consecuencia, si el Congreso no aprueba las cuentas públicas, deben explicar por qué no se aprueba, ya que se aplicaron recursos públicos, humanos y materiales.
“Alguien tiene que ser responsable de que ese trabajo no sea suficiente o sea deficiente”.
“Quien tenía que comparecer ante el Congreso para informar sobre las deficiencias en las revisiones de las cuentas públicas estatales y municipales, serían el titular del órgano fiscalizador para explicar a los diputados por qué la información es incompleta o contradictoria, por qué hay diferencias en los montos de recursos, por qué se audita a unas dependencias y a otras no. Por qué, si el problema en Oaxaca es la inseguridad, no se auditó seguridad pública”.
Aunque lo más grave -añade- es que derivado de la ley de fiscalización se dice que de los resultados de la revisión de las cuentas públicas estatales o municipales, el órgano de fiscalización dará cuenta a la fiscalía anticorrupción, el tribunal de justicia administrativa o los órganos internos de control de las responsabilidades que pudieran generarse, pero en cinco años nunca hubo una.
