La diputada Liz Arroyo Rodríguez presentó una iniciativa con proyecto de decreto a fin de incorporar dentro de los mecanismos, medidas y procedimientos de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, el principio de debido proceso y deber de investigación a efecto de que sea aplicado para garantizar una reparación integral a las víctimas.
En sesión ordinaria de la legislatura, dijo que esto es necesario para que el Estado garantice a través de los órganos competentes un proceso justo y eficaz que responda a principios de celeridad, razonabilidad y garantía de derechos humanos.
“Nos encontramos ante la obligación del estado de investigar y sancionar a los servidores públicos que cometan una violación a los derechos humanos, en consecuencia, se plantea incorporar dentro de los mecanismos, medidas y procedimientos en la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, el principio de debido proceso y deber de investigación”.
La representante popular del partido Morena, manifestó que se busca adicionar la fracción V, del artículo 5, de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, ya que, una demanda latente de los defensores de derechos humanos es establecer mecanismos efectivos de ayuda, asistencia y atención para el debido acceso a la justicia y reparación integral del daño.
“Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han resaltado la debilidad de las instituciones, principalmente de las instituciones encargadas de la procuración de justicia; en reiteradas ocasiones se han denunciado violaciones graves a los derechos humanos, derivado de detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, donde en muchas ocasiones se veían involucrados servidores públicos del Estado Mexicano, incrementando la falta de credibilidad de las instituciones ante la sociedad”.
Arroyo Rodríguez subrayó que el debido proceso busca establecer la legalidad a través de la aplicación de las leyes, garantizando la dignidad humana dentro de cualquier tipo de procedimiento jurídico, en donde a través de reglas establecidas den como resultado que el acto de autoridad se encuentre apegado al marco jurídico aplicable al caso concreto, siendo indispensable un equilibrio entre el Estado y la ciudadanía, con garantías procesales para evitar cualquier tipo de arbitrariedad.
