La Suprema Corte de Justicia (SCJN) prohibió a los jueces federales de todo el país ordenar la aplicación de vacunas contra COVID-19 antes de ser autorizadas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El Pleno de la Corte aprobó jurisprudencia obligatoria que considera válido que los jueces ordenen vacunar a menores de 5 a 11 años, pero sólo porque la Cofepris ya aprobó el biológico de Pfizer-BioNtech, el pasado 3 de marzo.
La mayoría en la Corte prácticamente reprobó la actuación de jueces y magistrados federales que, antes del 3 de marzo, ordenaron al Gobierno vacunar a menores de ese grupo de edad, con base en las autorizaciones que había otorgado, desde octubre de 2021, la Agencia Federal de Medicamentos (FDA) y otras autoridades sanitarias de EU.
"El otorgamiento de la suspensión para que se aplique a niños y niños una vacuna no autorizada por Cofepris pondría en riesgo la salud e integridad física de los niños vacunados", afirmó la Ministra Margarita Ríos-Farjat.
Agregó que las vacunas en México sólo se pueden aplicar cuando existan los permisos por parte de las autoridades nacionales legalmente facultadas para ello.
Este criterio impedirá que jueces y tribunales concedan suspensiones a menores de 6 meses a 5 años, con base en la autorización que la FDA ya otorgó a mediados de junio para aplicar vacunas de Moderna y Pfizer a ese grupo de edad.
En la práctica, el Gobierno no cumplió las suspensiones de inmediato porque no había comprado las dosis de Pfizer para menores de 12 años, que son distintas a las que se aplican al resto de las personas.
Cifras oficiales de la Secretaria de Salud (SSA) indican que, hasta el pasado 10 de junio, 8 mil 697 niños de 5 a 11 años de todo el país habían obtenido suspensiones para recibir la vacuna.
Pero mil 377 menores que radican en la Ciudad de México lograron suspensiones.
La Corte también resolvió una contradicción derivada de suspensiones que se otorgaron a adolescentes de 12 a 17 años, a los que el Gobierno empezó a registrar para vacunación hasta el pasado 28 de abril.
En este caso, todos los juzgados y tribunales que concedieron o negaron suspensiones en amparos promovidos por la tardanza del Gobierno para iniciar la vacunación de adolescentes, lo hicieron cuando ya había autorización de Cofepris.
