Ana Lilia Pacheco
De acuerdo con el oficio SSP/SPRS/DGRS/0348/2022 en respuesta a la solicitud de información realizada por NOTICIAS Voz e Imagen, el 60 por ciento de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que hay en los 9 Centros de Reinserción Social (Cereso) de Oaxaca, no tienen sentencia.
El documento señala que son 4 mil 107 personas que actualmente están internas en los centros, de los cuales 2 mil 457 tienen prisión preventiva, mientras mil 650 están cumpliendo una condena.
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) señala que la duración de la medida privativa de la libertad dependerá del tiempo que tome al juez dictar sentencia, por lo que una vez que la resolución sea emitida, el tiempo que la persona procesada haya pasado en prisión le será tomado en cuenta como parte de la pena señalada.
En tanto, la organización social Así Legal, asegura que una persona que se encuentra en prisión preventiva automáticamente se convierte en culpable, pues su entorno, su falta de acceso a necesidades básicas y a sus derechos humanos, se ponen en velo y con ello se le recuerda, reiteradamente, que su valor humano ha disminuido.
Esta realidad, tanto en el caso de sentenciados como procesados, constituye un trato cruel inhumano y degradante que debe ser erradicado sin importar la etapa en la que se encuentre la persona en conflicto con la ley penal.
De este modo, expuso que la reforma constitucional en materia penal del año 2008 supuso un cambio irreparable en la historia de la justicia en el país.
A partir de entonces se mantendría como principio rector del sistema de justicia penal la presunción de inocencia, incluida por primera vez en la Constitución: (artículo 20 [B-I]) “A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.
Para finalizar, en México, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad permanecen de este modo sin tener todavía una sentencia, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la undécima edición del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020.
