Luis Ignacio Velásquez
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa presentó al Congreso una iniciativa de reforma al Código Penal, a fin de tipificar el delito de ejecución arbitraria cometida por elementos de la Policía Estatal.
De acuerdo a la iniciativa, cometerá el delito de ejecución arbitraria el servidor público integrante de las instituciones de seguridad pública del estado, que haga uso de la fuerza de manera ilegítima, excesiva o desproporcionada y por consecuencia prive de la vida a una persona.
La sanción que se propone para el responsable de cometer ejecución arbitraria, es 30 a 50 años de prisión y, sin perjuicio de lo anterior, se le inhabilitará para ejercer otro cargo público, por un tiempo igual al que dure la pena de prisión impuesta.
Además, señala que al particular que prive de la vida a una persona, con la aquiescencia de un servidor público integrante de las instituciones de seguridad pública del estado, se le impondrá de 30 a 50 años de prisión.
El documento manifiesta que con la finalidad de que en el Estado se continúe investigando y sancionando todo homicidio que tenga como indicios la participación de servidores públicos integrantes de las instituciones de seguridad pública de la entidad, en la privación de la vida de las personas ya sea de manera directa o indirecta, resulta necesario continuar fortaleciendo el marco jurídico que permita a las autoridades en la materia, investigar y sancionar las prácticas como resultado del empleo de la fuerza ilegítima excesiva o desproporcionada, que conlleve a la privación de la vida de manera arbitraria.
Añade que si bien es cierto que la ejecución extrajudicial, extralegal o arbitraria no está conceptualizada, ni regulada, existen normas internacionales que establecen deberes de penalización específica de estos casos graves de violaciones a los derechos humanos.
Sanción
30 a 50 años de prisión
Delito
Hacer uso de la fuerza de manera ilegítima, excesiva o desproporcionada y por consecuencia prive de la vida a una persona.
