Ana Lilia Pacheco
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó el Protocolo para Juzgar con perspectiva de discapacidad, ya que actualmente las personas con discapacidad enfrentan en los hechos dificultades para ejercer sus derechos, incluido el acceso a la justicia.
Durante la presentación, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, dijo que este protocolo es un avance más para la implementación del modelo social de la discapacidad en el mundo jurídico.
Abundó que el nuevo protocolo busca erradicar los obstáculos para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y capacidades con la necesidad de que desde el Poder Judicial se impulsen ajustes razonables.
“La Corte sola no puede cambiar la realidad, pero sí puede ser punta de lanza para que la sociedad voltee a ver problemas, situaciones, realidades a las que normalmente no quiere ver”, expuso.
El protocolo reconoce que aunque desde 2008, las autoridades judiciales de México están obligadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad; no obstante, existe un rezago que ha provocado la vulnerabilidad.
“Mediante algunas leyes y resoluciones judiciales, se puede apreciar que continúan vigentes muchos estereotipos acerca de la discapacidad. Muestra de ello es que, sin justificación, se priva de capacidad jurídica a las personas con discapacidad, se desconoce su libertad para tomar decisiones que les permitan realizar su proyecto de vida, o no se les garantiza su participación en la toma de decisiones públicas que les afectan de manera directa”, expone el documento.
Para conseguir este protocolo, se trabajó en conjunto a integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, personal jurisdiccional, de litigio e integrantes de la academia.
El protocolo se divide en seis apartados: Discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, Conceptos esenciales para juzgar con perspectiva de discapacidad, Igualdad y no discriminación y Acceso a la justicia de las personas con discapacidad, Guía para juzgar con perspectiva de discapacidad y un apéndice de estándares de protección de los derechos e las personas con discapacidad.
"(Aún) se priva de capacidad jurídica a las personas con discapacidad, se desconoce su libertad para tomar decisiones que les permitan realizar su proyecto de vida, o no se les garantiza su participación en la toma de decisiones públicas que les afectan de manera directa”. Arturo Zaldívar, Ministro presidente de la SCJN
