Ana Lilia Pacheco
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2021 (DENUE), Oaxaca ocupa el tercer lugar en tener mayor número de unidades económicas de la industria indumentaria del país.
Los datos del directorio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Puebla, Estado de México y Oaxaca son los estados con más unidades económicas, además de que en 2019 Oaxaca tuvo una producción bruta total de 383 millones de pesos.
Efraín Martínez, coordinador del movimiento Fashion Revolution México, señaló que estas cifras muestran que es importante preocuparse y ocuparse en mejorar las prácticas de la industria de la moda en Oaxaca y el país.
Mencionó que de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), diez estados del país concentran el 78.9 por ciento de la producción del sector del vestido, entre los que destacan Ciudad de México, Estado de México y Puebla.
Sin embargo, señaló que en Puebla, debido a la cercanía con Oaxaca, “es sencillo asumir que cuando las maquilas de Puebla no se dan abasto para cumplir con sus niveles de producción, ofrecen a maquilas oaxaqueñas trabajos temporales para poder alcanzar sus metas y satisfacer las necesidades de sus clientes”.
El coordinador agregó que Oaxaca, junto con Tlaxcala, Yucatán y Puebla son las entidades con mayor grado de especialización, de acuerdo con la metodología de la Ventaja Comparativa Revelada (RCA), que mide la competitividad de exportación de un producto comparado con niveles globales, por lo que “es imposible no cuestionarse si esto representa una área de oportunidad o una amenaza para la industria oaxaqueña”.
Declaró que al conocer estos datos, no se puede permitir que la industria de la moda crezca irresponsablemente, ni con los humanos que integran su cadena de valor, ni con los recursos naturales de los que hace uso indiscriminado.
Recordó que en Oaxaca, la industria de la moda, entendida desde la producción artesanal, sastrería, tejeduría, confección, entre otras, emplea a cerca de 58 mil personas, por lo que se les deben garantizar sus derechos.
