Internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Juan Bautista Cuicatlán denunciaron la existencia de una "Mesa Directiva" conformada por internos que funcionan como administradores del penal y la venta de concesiones para operar la cocina y la tienda.
A través de una carta acusaron al director del Cereso, Alfredo Santiago Aquino, de vender la concesión para administrar la cocina a Ruperto Villarreal Gómez, persona recluida en esta cárcel, quien además la usa para vender comida durante las noches, mientras que a Pablo Manuel Soriano de la Rosa, otro de los internos, le fue vendida la concesión para la venta de raspados, la renta de los teléfonos y la operación de la tienda que se encuentra en el interior de penal.
Agergan que el comandante Santiago Aquino también conformó un grupo de choque con otros reos, la cual se hace llamar Mesa Directiva y está conformada por 16 internos. Estos, son los que se encargan de amedrentar a los presos que se oponen a sus órdenes y quienes se tienen facultades para mover a los internos según su conveniencia o a modo de castigo.
Los principales líderes de esta mesa directiva en el Cereso de Cuicatlán son Carlos García Torres, Francisco García García, Óscar Yovani Ibarra Diego, Joel Reyes Juárez, Artemio Placido Candelario, Rogelio Aguirre y Víctor Zárate.
Las personas privadas de su libertad pidieron la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la prensa para denunciar personalmente los abusos dentro del reclusorio ubicado en este municipio de la región Cañada.
Amenazas
“Tememos por nuestra integridad física. Hacemos responsable al comandante Alfredo Santiago Aquino, por amenazas de que nos trasladará o nos echará a la población para que nos baje a los separos, de golpearnos y de cerrarle el paso a nuestras visitas”.
En marzo de 2016, la DDHPO emitió medidas cautelares para las personas privadas de su libertad en este Cereso tras encontrar diversas irregularidades, condiciones de incomunicación y tratos inhumanos.
La Defensoría detectó que el servicio de telefonía con la empresa Global Fon es muy alto y al que obligan a los internos a utilizar porque los teléfonos que ofrece la compañía Telmex no funcionan.
Los internos tampoco tienen derecho a recibir llamadas de sus familiares, el horario de visita no es continuo por lo que sus familiares tienen que esperar por horas para poder reingresar al penal, lo cual es difícil para aquellos que tienen que viajar largas distancias para poder visitarlos.
