Israel García Reyes
Este día el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) de México fueron parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en 2014, así como en la construcción de la versión oficial del gobierno de entonces que resultó ser falsa.
El grupo formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un nuevo informe que se basa en documentos y videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos.
Dicho material fue proporcionado gracias a la intervención directa del mandatario federal.
De acuerdo con el informe, marinos estuvieron operando en el basurero donde el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto dijo que los estudiantes habían sido incinerados horas antes de que el lugar fuera acordonado y sin que esas actividades quedaran registradas en el expediente de la investigación.
El informe indica que el Ejército realizó investigaciones que no compartió y conoció los hechos en tiempo real, además de conocer mensajes del crimen organizado sobre el paradero de algunos estudiantes, datos que no dio a conocer pese a que pudieron haber sido vitales para localizar a los estudiantes.
A su vez, el informe no aclara el paradero de los estudiantes ni el móvil del brutal ataque.
Cabe recordar que apenas tres de los 43 alumnos han sido identificados a partir de huesos calcinados hallados en lugares diferentes.
Los hechos
Es importante mencionar que el 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala, en Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y, presuntamente, integrantes del crimen organizado.
La versión del gobierno de Enrique Peña Nieto señaló que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, quien los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de Cocula, y tiró los restos a un río.
Es necesario mencionar que los dos primeros informes del grupo de expertos y la actual fiscalía ya habían dicho que la versión de una gran cremación en el basurero no era real y que hubo un montaje en el hallazgo del hueso de uno de los jóvenes en el río en 2014.
Por su parte, el nuevo informe señala que hubo dos investigaciones paralelas, la oficial y otra de un grupo de crisis que no compartían datos, y que la llamada “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto fue una gran operación dirigida por una “autoridad superior” —que no se detalla— en la que participaron “múltiples actores”, desde la policía de Guerrero, a la federal, el Ejército, la Marina, los servicios de inteligencia y diversas agencias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), mismos que trabajaron en conjunto.
Reciente investigación
La reciente investigación refiere que uno de los escenarios clave fue el basurero de Cocula, donde el 27 de octubre de 2014 la PGR anunció que fueron quemados los 43 alumnos en una gran hoguera.
El GIEI reveló un video tomado por un dron en el que se demuestra que hubo integrantes de la Secretaría de Marina en el basurero manipulando la zona antes de que la PGR acordonara la supuesta zona del crimen.
En este sentido, los videos demuestran que la mañana del día del anuncio y casi seis horas antes de que se resguardara el lugar, marinos sacaron tres bultos de un vehículo —cuyo contenido se desconoce— e hicieron un fuego que pronto quedó apagado. Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en la parte más profunda de la hondonada. La Marina no explicó el objetivo de estas acciones.
Imágenes aéreas fueron cotejadas con documentos militares por lo que el grupo de la CIDH aseguró hay certeza de que quienes estaban allí eran miembros de la Marina y de la PGR, respectivamente.
Asimismo, en el video se ve un helicóptero que sobrevuela a baja altura y levanta una gran polvareda sobre donde teóricamente estaban todas las pruebas. Luego llegó el entonces procurador Jesús Murillo Karam y horas más tarde el equipo de peritos argentinos que representa a los padres de los estudiantes. Fue entonces cuando se acordonó la zona. Dos semanas antes el Ejército había dicho que en ese lugar no había nada, supuestamente.
De este modo, el informe presenta evidencias de vacíos de información en momentos clave y que hubo un seguimiento de años de los alumnos de Ayotzinapa y de los delincuentes de la zona. También confirma que se crearon documentos falsos para “legalizar” irregularidades y detalla que la llamada anónima que llevó a la captura de quienes después confesaron haber asesinado y cremado a los jóvenes, nunca existió.
Gobierno de Peña Nieto
En su momento el gobierno de Enrique Peña Nieto propuso que se confundió a los estudiantes con delincuentes o que estaban infiltrados por el crimen, pero este punto no se ha probado. La actual fiscalía general dijo en 2020 que todo se enmarca en el tráfico de drogas y la protección que el cártel local tenía de los funcionarios, según nuevas investigaciones.
Además, aproximadamente140 personas han sido detenidas desde 2014 pero la mayoría fueron excarcelados por irregularidades en sus procesos y sólo en torno a medio centenar sigue en prisión. Además, delincuentes que presuntamente podrían haber sido testigos clave fueron asesinados, lo que complicó el caso.
Por tal motivo, el grupo de expertos, conformado por el chileno Francisco Cox, la colombiana Ángela Buitrago, la guatemalteca Claudia Paz y el español Carlos Beristain y que lleva investigando el caso desde 2015, aseguró que ahora la colaboración de las autoridades es mayor, pero que sigue habiendo bloqueos.
Además, Francisco Cox explicó que se han encontrado con destrucción de evidencia, ocultación de información y que han podido confirmar "la construcción de una mentira desde la más alta esfera" del gobierno durante la administración de Peña Nieto.
Finalmente, el GIEI afirmó que las escuelas normales eran espiadas por el Ejército desde años atrás a los hechos, al señalar que uno de los desaparecidos era un miembro activo de las fuerzas federales, que informaba al 27 batallón de la Secretaría de la Defensa sobre todos los movimientos de los estudiantes.
FOTO: NV Noticias
